Política 23 de Abril

Control social represivo

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Por Ministerio Público de la Defensa

Durante 2018 la justicia de la Ciudad de Buenos Aires incorporó de forma progresiva la competencia en los delitos establecidos por el tercer convenio de transferencia de delitos, aprobado por la ley Nacional 26.702 y la ley local 5.935: la Resolución conjunta DG 26/18, AGT 32/18 y FG 32/18 acordó el traspaso progresivo de una gran cantidad de delitos penales, que se completará a partir del 1 de enero de 2019.

Específicamente, en lo que respecta a la violencia institucional, la novedad más significativa fue el traspaso de la competencia en materia de delitos contra la administración pública, como son el atentado contra la autoridad (art. 237 Cód. Penal) y la resistencia ante la autoridad (art. 239 Cód. Penal). Estas figuras suelen ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para encubrir una detención arbitraria, y por ello son de especial interés para el programa.

A su vez, durante el 2018, la Policía de la Ciudad también fue reorganizada: de las tradicionales 54 comisarías seccionales, se pasó a una comisaría por comuna (15 en total) y tres o cuatro comisarías vecinales por cada comuna, modificando en algunos casos también las jurisdicciones territoriales. A su vez, se incorporaron alcaidías comunales para alojar a los detenidos, clausurándose definitivamente los calabozos de las seccionales. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad separó la jefatura de Prevención del Delito de la jefatura de Investigaciones, siendo entonces distinto el personal que previene el delito y detiene en flagrancia, de aquellos con quienes llevan adelante la instrucción del sumario sobre esos delitos.

Asimismo, durante el año 2018, la Legislatura de la Ciudad aprobó una reforma al Código Procesal Penal(ley 6.020 ) en donde estuvo en discusión la celeridad y eficiencia de la investigación penal, en relación al derecho de defensa.

También discutió y aprobó una reforma al Código de Procedimiento Contravencional (ley 6128 ), donde se agravaron las penas y se ampliaron los supuestos donde la policía puede llevar adelante la coacción directa . Por su parte, el Fiscal General a través de la Resolución 552/19, estableció un criterio general de actuación por el cuál, ante una contravención en la vía pública, los fiscales deben instruir a la policía a que se intime al cese de la contravención, y en caso en que se persista en la conducta, se le inicie una causa penal por desobediencia (art. 239 del Código Penal), llevándolo detenido por delito en flagrancia.

El presente informe recoge la experiencia estadística de los casos de violencia institucional que detectó el programa de la Defensoría General durante el 2018, a partir de la restructuración establecida por la Resolución DG 73/18. Para ello, se sistematizaron los datos incorporados en la base de datos del programa, sobre los casos de violencia institucional identificado por las defensorías de primera instancia y la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de Libertad, o hayan ingresado a través de las sedes de la Defensoría.

El presente informe comprende los hechos ocurridos en el período que abarca desde el día 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2018, teniendo como parámetro para definir la violencia institucional lo establecido por el Defensor General en cuanto a que comprende cualquier práctica ilícita aplicada por parte de agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que resulte lesiva para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas, que conforman prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad, extensión y masividad afectan la vigencia del estado democrático en derecho.

Este informe incorpora también lo que se informó parcialmente en el primer y segundo informe trimestral, ampliándose la base de datos hasta el final del año 2018.

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