Política 14 de Diciembre

Informe del CELS

EMPRESAS Y DICTADURA

Por La otra campana

Investigación judicial y memoria de los trabajadores

Los primeros rastros de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad son identificables en los inicios del proceso de memoria, verdad y justicia: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas registraron testimonios de trabajadores que habían protagonizado conflictos laborales y que señalaron la responsabilidad de dueños y directivos de las empresas en sus secuestros.

En 1984, el informe Nunca Más, elaborado por la Conadep, registra la existencia de un centro clandestino de detención en los conventillos en los que vivían los trabajadores del Ingenio La Fronterita en Tucumán y el testimonio de los obreros de Acindar, en Santa Fe, que da cuenta de la participación de la empresa en la represión y del funcionamiento de un destacamento policial que fue usado como centro clandestino de detención. En 1985, la sentencia del Juicio a las Juntas, primera comprobación judicial del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, logró determinar los secuestros de varios trabajadores de Mercedes Benz.

La represión a los trabajadores también fue puesta de manifiesto en testimonios brindados en los Juicios por la Verdad. En 1998, un trabajador de Alpargatas explicó que fue secuestrado durante una huelga y que los policías que se lo llevaron le dijeron “que los tenía que acompañar porque había una denuncia de la fábrica de alpargatas”. En el año 2003, otro trabajador relató que al volver a la fábrica luego de su secuestro el jefe de personal le dijo “no, quedate tranquilo… con vos no tenemos nada… ”.

Las investigaciones del secuestro y desaparición de trabajadores de las empresas Ford y Mercedes Benz comenzaron en 2002, con los primeros pasos de la reapertura judicial de las causas por delitos de lesa humanidad luego del periodo de impunidad que se había iniciado a mediados de los años 80 con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En ambos casos había ya gran cantidad de elementos que apuntaban a directivos de las empresas.

Durante la transición democrática, las Fuerzas Armas fueron identificadas como el principal actor responsable del terrorismo de Estado. Desde la década del 90, y con más impulso a principios de 2000, se instaló públicamente como una clave central de este proceso la responsabilidad en los hechos de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. En la última década, la consolidación del juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la reconstrucción de la verdad permitieron avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de sectores civiles.

En 2012 se dictaron resoluciones judiciales contra empresarios y personal jerárquico por el secuestro y las torturas padecidas por sus trabajadores. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, presidente del directorio y administrador general del Ingenio Ledesma, respectivamente, fueron procesados. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Sin embargo, en 2015 la Cámara Federal de Casación Penal los benefició con una falta de mérito. De esta manera se pusieron en evidencia las resistencias que existen para el juzgamiento del poder económico.

En 2013, en la investigación judicial sobre la Compañía Minera Aguilar S.A. de Jujuy, personal jerárquico de la empresa, fueron procesados por aportar información para identificar víctimas y vehículos para secuestrarlas. Las huelgas que llevaron adelante los mineros, antes del golpe de Estado, tuvieron estrecha relación con el cautiverio de sus protagonistas en plena dictadura.

Ese mismo año, los directivos de la empresa Ford, Pedro Muller, Guillermo Galarraga y Francisco Jesús Sibilla, fueron procesados por “haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías-glosadas a legajos personales de la empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos” y “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte, para que sus dependientes fueran interrogados”. En ese lugar varios trabajadores fueron “golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”. En la resolución judicial se destaca la importancia del análisis del contexto político y social y se puntualiza que “la eficiencia y productividad tan añorada por los empresarios se topaba con un enemigo puntual, la ‘comisión interna’, y pareciera que este análisis de la situación fue compartida con las fuerzas armadas que usurparon los poderes donde se objetiva el Estado, ya que según las estadísticas de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas fueron los obreros quienes más sufrieron la violencia del régimen”. En la actualidad, numerosas investigaciones judiciales intentan desentrañar las responsabilidades penales de actores económicos. Así ocurre con las empresas La Nueva Provincia, Dálmine Siderca, Propulsora Siderúrgica S.A., Acindar, Loma Negra, Las Marías, Astilleros Astarsa y Mestrina, las ceramistas Cattáneo y Losadur y Molinos Río de la Plata.

En marzo de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó al dueño de La Veloz del Norte, Marcos Levin, por el secuestro de Víctor Cobos, delegado gremial de la empresa. Se trata del primer caso en el que un empresario es condenado por este tipo de delitos en el país. Los testimonios de los trabajadores de la empresa que fueron secuestrados dieron cuenta de la participación de Levin en los hechos: estuvo en el lugar de las torturas, daba órdenes a quienes las consumaban, había amenazado a los trabajadores antes de sus secuestros y aportó vehículos para trasladarlos a la comisaría donde fueron torturados.

La construcción de una memoria de los trabajadores

En paralelo, el proceso de aparición en la escena pública de los trabajadores y militantes sindicales como víctimas de la última dictadura cívico-militar fue gradual y permanece inconcluso. Aunque la trama de complicidades civiles y las prácticas represivas contra los trabajadores ya habían sido mencionadas desde los primeros años de la democracia, la cuestión no logró alcanzar un grado sustantivo de visibilidad.

Hasta mediados de la década de 1990, prevaleció en la escena pública la lectura sobre las desapariciones que propuso el prólogo del Nunca Más en el inicio de la transición. La representación de los obreros desaparecidos se articuló en torno de una tendencia narrativa humanitaria, que no historizaba las confrontaciones sociales y políticas, y que presentaba a las víctimas a partir de sus datos identitarios básicos, excluyendo las diferentes formas de militancia.

Recién en el vigésimo aniversario del golpe, las desapariciones de trabajadores y sindicalistas comenzaron a tener un mayor peso específico en los debates en torno del pasado reciente y se transformaron en materia de investigación en el ámbito académico, periodístico y también sindical. Podemos destacar el informe de 1998 que presentó la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ante el juez Baltasar Garzón en España, en reclamo por los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado.

Los testimonios que forman parte del presente trabajo permiten reconstruir algunas claves del desfasaje entre la represión sin precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase obrera y el movimiento sindical (miles de trabajadores, dirigentes y activistas asesinados, presos, desaparecidos, exiliados), y la escasa jerarquía de esta situación en la narrativa preponderante de derechos humanos en la Argentina.

En primer lugar, la responsabilidad de los empresarios respecto de las prácticas represivas padecidas por los trabajadores desafía la visión canónica del terrorismo de Estado: vincula el ejercicio del terror a la imposición de un proyecto político y económico regresivo que implicó el compromiso decisivo de actores civiles. Cuestiona la idea de una “sociedad inocente” frente a fuerzas violentas contrapuestas, que primó en la escena pública desde 1983. Como señala el historiador y periodista Alejandro Jasinski: “hablar de estrategia empresarial y de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, pone el problema en otra perspectiva. Por un lado, el foco no está puesto exclusivamente en la lucha de las organizaciones revolucionarias y el Ejército, sino en la formación de fuerzas sociales ordenadas en buena medida por esa disputa fundamental entre capital y trabajo. En referencia estricta al rol de los empresarios en la represión contra los trabajadores, se quita a aquellos de un rol secundario o subsidiario (que implicaría una noción de complicidad): su involucramiento fue decisivo”[1].

También impugna el concepto despolitizado, desideologizado y desclasado de víctima que fue central en el relato predominante pos-dictadura. Como señala el sociólogo Emilio Crenzel “la denuncia en términos histórico-políticos de la violencia de Estado y su relación con el orden social o con los grupos de poder fue sustituida por la descripción fáctica y en detalle de los secuestros, las torturas padecidas, las características de los lugares de cautiverio, la precisión de los nombres de los cautivos y de los responsables de las violaciones”. Este relato construido en perspectiva centralmente humanitaria “reforzó la invisibilización de los obreros desaparecidos e imposibilitó el registro en profundidad de las especificidades que asumió la represión de Estado contra los obreros y los trabajadores en general desdibujando el perfil de clase de la dictadura y, al mismo tiempo, de los desaparecidos”[2].

Por otro lado, la represión contra los trabajadores cuestiona la periodización clásica impuesta en el período de la transición y “desvía” la acusación hacia otros actores influyentes en el período previo al golpe de Estado de 1976: las corporaciones económicas, la burocracia sindical y sectores políticos. Desarma las temporalidades excluyentes entre dictadura y democracia sobre las que se ha sostenido el relato público y echa luz sobre la conflictividad específica que atravesaba la relación entre el capital y el trabajo en la etapa previa a la imposición masiva y sistemática del terrorismo de Estado.

El relato de los trabajadores subvierte también el imperativo moral de la solidaridad de clase: ingresa permanentemente en la denuncia de la inacción o complicidad de varios jerarcas sindicales con la patronal que se extiende en muchos casos hasta el presente. En contrapartida, los testimonios permiten entrever que el proceso de justicia ha permitido fortalecer en esta etapa los lazos entre organismos de derechos humanos y sindicatos, algunos de los cuales se han presentado como querellantes en las causas o contribuido con el aporte de información documental que ha servido como prueba en los juicios.

La mayoría de los entrevistados asume que los trabajadores, sus cuerpos de delegados, las comisiones internas y activistas fueron las víctimas principales del terrorismo de Estado, pero no siente la necesidad de reivindicar una memoria peculiar, sino que se reconoce como parte del universo de persecuciones, cárcel y desapariciones que padeció la mayoría de los militantes. Sin embargo, su relato es disruptivo, no sólo por lo que cuestiona sino por lo que ilumina.

En particular, hemos querido destacar en este trabajo en qué medida los juicios por delitos de lesa humanidad que investigan las responsabilidades de los actores empresarios han permitido reconstruir redes de solidaridad entre los trabajadores víctimas y contribuyen a la producción de un relato social que los visibiliza como sujetos políticos atravesados por una conflictividad específica: la del capital y el trabajo, y objeto central, en esa condición, de la represión de Estado.

[1] Las graves violaciones de los derechos humanos como estrategia de rentabilidad empresarial. Alejandro Jasinski. Investig’Action, consultado el 23/09/2016.
[2] “Memoria y trabajadores”. Cuaderno de Trabajo N° 2. Juan Besse, Emilio Crenzel, Luciana Messina, Miriam Wlosko. Centro de Derechos Humanos. Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Colección Cuadernos de Trabajo. Serie Derechos Humanos. Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), 2013. Disponible en ˂http://www.unla.edu.ar/documentos/centros/derechos_humanos/Cuaderno2-Memoria%20y%20trabajadores.pdf˃.

Acindar

Los trabajadores de Acindar no sospecharon nunca que las fotos tomadas en 1975 para renovar el carnet de la fábrica iban a ser usadas como fichas de identificación por los militares que secuestraron a muchos de sus compañeros durante la última dictadura. Las habían mandado a tomar los directivos de la empresa para actualizar las fotografías del personal.

Uno de los operarios contó que en una oportunidad su jefe de sección lo llamó para que se tomara la foto de la nueva credencial, pero nunca recibió ese documento. A las dos semanas, en cambio, la policía lo fue a buscar a su casa. Los agentes que lo secuestraron llevaban como lazarillo la foto que le habían tomado en la fábrica.

I. "Cuando se trata del poder económico y los grupos empresarios, la justicia tartamudea"






II. Investigación judicial

Villa Constitución fue un epicentro del sindicalismo combativo organizado alrededor de la siderurgia. En ese lugar al sur de Rosario la empresa Acindar Industria Argentina de Aceros había instalado en 1951 su “Planta 2”.

Desde el final de la década de 1960 los obreros se organizaron de espaldas a la burocracia sindical, en un sindicalismo clasista, activo y ligado a las bases que, de forma paulatina pero decidida fue realizando conquistas para los trabajadores y fortaleciendo la comisión interna. Se estaba gestando El Villazo. Para resistir la intervención de la conducción nacional de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) y el intento de anular las elecciones de la seccional, los obreros tomaron la fábrica por varios días en marzo de 1974, con el apoyo de toda Villa Constitución. La medida fue exitosa y se celebró en las calles.

En 1974 se impuso la Lista Marrón, “antiburocrática, antipatronal y antiimperialista”. Logró, en una economía inflacionaria, aumentos de sueldo por encima de los convenios y sugerencias del gobierno, se incrementó la cantidad de afiliados, se elaboraron proyectos para la construcción de un policlínico y un nuevo convenio colectivo más favorable a los trabajadores.

En enero de 1975 detuvieron a un delegado acusado de “subversivo”; la respuesta del sindicato fue una marcha multitudinaria. Al poco tiempo el gobierno nacional denunció un “complot subversivo” en el cordón industrial norte con eje en Villa Constitución. La ciudad fue ocupada el 20 de marzo de 1975 por 4000 agentes de fuerzas policiales y de gendarmería, con un enorme despliegue de patrulleros, carros de asalto, lanchas y helicópteros. Antes de decidir el operativo, la presidenta María Estela Martínez de Perón se reunió con Martínez de Hoz, con el consentimiento del dirigente sindical metalúrgico Lorenzo Miguel. Acindar en uno de los casos paradigmáticos de represión a los trabajadores antes del golpe de Estado. El operativo se llamó Serpiente Roja del Paraná.

Las fuerzas represivas allanaron y saquearon más de cien viviendas, encarcelaron a unos 300 obreros, dejaron numerosos heridos y 15 muertos. Casi toda la comisión directiva de la seccional de la UOM fue detenida, los trabajadores fueron sacados violentamente de sus casas y alojados en la jefatura de policía de Rosario.

De inmediato se declaró la huelga general, que se extendió por casi dos meses, coordinada por un comité de lucha encabezado por Luis Segovia, el único miembro de la comisión interna de Acindar que no había sido detenido. El Ministerio de Trabajo ilegalizó la huelga y amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Nacional. El titular de la UOM, Lorenzo Miguel, se limitó a manifestar que había pedido explicaciones por carta al Ministerio. El 10 de abril fue asesinado un trabajador. El 16, a instancias del comité de lucha, se realizó una marcha que reunió 2000 personas. Una semana después las fuerzas de ocupación reprimieron una asamblea con más de 7000 personas. Por los golpes, otro trabajador falleció a los pocos días.

El ministro del Interior decidió viajar a Villa Constitución. Su avión aterrizó en la pista de Acindar y el dueño de la empresa, Ing. Arturo Acevedo, lo llevó a recorrer la ciudad. El comité de lucha denunció que la represión no era solo una cuestión del gobierno, sino que involucraba a algunas de las principales empresas metalúrgicas.

La UOM, las 62 Organizaciones, el Ministerio de Trabajo y la empresa presionaban para que el paro se levantara. La huelga terminó recién tras 59 días, el 18 de mayo. Las fábricas fueron ocupadas por fuerzas militares y se produjeron más de 1000 despidos, a pesar de la promesa de la empresa de no tomar represalias. Muchos de los trabajadores estuvieron detenidos y fueron torturados en el albergue de solteros de Acindar, que funcionó como centro clandestino de detención. Uno de ellos, Roberto Justo Martínez, declaró a la Conadep en 1984 que mientras trabajaba en la sección de clavos se le acercaron tres policías de civil y le dijeron que tenían orden de arresto, que estaban autorizados para sacarlo de la fábrica. Le aseguraron que no se iba a considerar eso como abandono de trabajo. Quienes lo detuvieron llevaban la foto de su legajo.

Para enero de 1976 la empresa obtuvo del gobierno una autorización para controlar todo el proceso productivo desde el mineral de hierro hasta los productos terminados. El presidente de la empresa era en ese momento José Alfredo Martínez de Hoz, designado por Jorge Rafael Videla al frente de la cartera de Economía durante buena parte de la dictadura cívico-militar, desde sus comienzos hasta marzo de 1981, año en que la empresa pasó a controlar el 70% del mercado nacional del acero. Durante ese período Acindar recibió recursos estatales extraordinarios a través de regímenes de promoción industrial y de la refinanciación y el diferimiento de deudas con el Banco Nacional de Desarrollo. Se benefició, además, de la estatización de pasivos y le transfirió al Estado una deuda de 652 millones de dólares .

Después del golpe de Estado, quedó al frente el general Alcides López Aufranc. En la memoria de la empresa del período 1975-1976 se puede leer: “A partir del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva”.

La situación represiva recrudeció. Ese mismo día un trabajador fue secuestrado de su casa por personal del Ejército y civiles con armas largas. También llevaban la foto tomada en la planta. Cuando lo metieron en la celda de la Jefatura de Villa Constitución se encontró con varios de sus compañeros de trabajo. La empresa continuó con su política de despidos y más de cien obreros, delegados y activistas fueron encarcelados. Del lado de la producción, aumentaron los ritmos de trabajo y la vigilancia en la planta. Ninguna medida de los trabajadores fue exitosa en ese escenario.

Además de la presencia del centro clandestino de detención en la planta, surgieron otros elementos que indican que la empresa colaboró en la represión. Varios trabajadores hicieron referencia a listas en las que aparecían los nombres de quienes luego serían víctimas del terrorismo de Estado. Eduardo Félix Sosa relató en la causa “Almirón Rodolfo y otros s/asociación ilícita” que sus captores le dijeron que tenían una serie de dirigentes y militantes sindicales para secuestrar y que “si sabía deducir podría suponer” quiénes la habían hecho, en referencia a los empresarios de Acindar.

La causa judicial 3174/2013 que investiga los delitos cometidos contra los trabajadores de Acindar en Villa Constitución está radicada en el Juzgado Federal N°4 de Rosario. Fue iniciada por los ex trabajadores Victorio Paulón, Zenón Sánchez, Agustín Reynaldo Luna, Cástulo Bogado, Miguel Alberto Simonovich, Luis Orlando Aliendro, Juan Actis y Roberto Justo Martínez.

La querella de las víctimas, encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, solicitó la declaración indagatoria de todos los miembros del directorio de la empresa en ese momento, interventores de la UOM, integrantes de la Iglesia católica y miembros de las fuerzas de seguridad. Los fundamentos son de fondo: hay pagos comprobados de Acindar a la Policía Federal, secuestros en domicilios cuyos datos fueron brindados por la empresa y la contundente presencia de un centro clandestino de detención en la fábrica de Acindar.

Mercedes Benz

–Ratto, te llaman de tu casa. La mentira del hombre de vigilancia era improvisada porque la familia de Héctor Aníbal Ratto no tenía el número de la fábrica Mercedes Benz y jamás lo habían llamado. Ratto se imaginó que lo estaban buscando para secuestrarlo y puso una excusa para no ir hasta el teléfono. Un momento después el capataz intentó hacerlo salir del taller, otra vez sin suerte. Era el 13 de agosto de 1977.

Ratto dejó su lugar de trabajo solo cuando le dijeron que lo estaba esperando Ronaldo Tasselkraut en su oficina. Era el gerente de producción. Allí lo detuvieron. Antes de que lo trasladaran escuchó a Tasselkraut indicar a los agentes de las fuerzas de seguridad la dirección de su compañero de trabajo Diego Núñez. A las pocas horas, Núñez fue secuestrado de su casa. Días después, el 31 de agosto, los directivos dejaron asentado que “la marcha de la producción en la fábrica se había normalizado” y aprovecharon para incrementar el ritmo de trabajo y realizar nuevos despidos.

I. "Pasaron un montón de dinero que, para nosotros, era para los grupos de tareas"






II. Investigación judicial

Mercedes Benz Argentina es una empresa automotriz de capital alemán. Tiene una planta en Virrey del Pino que se dedica a la fabricación de camiones, combis, camionetas de reparto y pick ups e importa vehículos de lujo. A lo largo de su historia, la empresa obtuvo beneficios estatales de distinta índole: desde los derivados de las políticas de promoción de inversiones de la segunda presidencia de Perón, hasta ventajas fiscales y cambiarias, facilidades para la exportación y la estatización de su deuda durante la última dictadura cívico-militar. En 1977 la compañía llegó a emplear a más de 4000 personas y, para 1979, controlaba el 92% del mercado local de autobuses.

Durante la década de 1970 se incrementó la conflictividad dentro de la empresa. Los obreros reclamaron por cuestiones salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, por el ritmo de producción y la negativa a la prestación de horas extras. Los trabajadores resistieron con éxito los intentos de la empresa por aumentar el ritmo de trabajo y lograron, en cambio, que aumentaran la cantidad de personal en un turno adicional. No tenían un solo frente de conflicto: del otro lado estaba la dirección del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que intentaba limitar las demandas de los obreros y se mostraba predispuesta a las exigencias de la empresa.

En octubre de 1975 los trabajadores pararon porque les descontaron un día de salario para el SMATA. Durante el conflicto la empresa llegó a despedir a 117 obreros, identificados por los directivos como “conocidos activistas, elementos extremos”. La huelga se extendió por 22 días y concluyó con la aceptación de la empresa de las demandas de los trabajadores: reconoció una nueva comisión interna elegida por los trabajadores, conocida como “grupo de los nueve”, reincorporó a los despedidos y pagó los días de paro, además de una gratificación especial del 40%. El secretario general del SMATA, José Rodríguez, se refirió a esta nueva comisión interna como “ajena al gremio y prohijada por la subversión”.

Con dictadura, se invirtió la correlación de fuerzas en la fábrica de Catán. Al menos veinte trabajadores de Mercedes Benz fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. De ellos, quince están desaparecidos. Los directivos de la firma dejaron asentados en memos los registros de las reuniones del directorio. En ellos abundan los elogios al nuevo régimen en estos términos: “éxitos en el restablecimiento del orden” y “las fuerzas subversivas en el país pudieron ser ampliamente contenidas”.

Ya el 25 de marzo de 1976 el “grupo de los nueve” recibió una citación del Estado Mayor del Ejército, que los gerentes celebraron. El 5 de abril fue el primer secuestro de un trabajador, Rubén Oscar Caddeo. Pocos días más tarde la empresa comunicó a los miembros de la comisión interna que ya no estaban eximidos de sus prestaciones y que debían retomar sus tareas normales. Durante esas jornadas se sucedieron amenazas, renuncias e intentos de secuestro de otros trabajadores con militancia gremial.

El 29 de abril fue secuestrado en la fábrica Juan José Martín, delegado y vocero del “grupo de los nueve”. El director de relaciones industriales, Pedro De Elías, informó a sus colegas que “las autoridades militares detuvieron a un obrero dentro de la planta; en el registro de su vivienda fueron hallados libros marxistas prohibidos”. Por estos días se reúne De Elías con el general Aranda, del Ministerio de Trabajo, y con teniente coronel Marturet, interventor del SMATA. Aranda le había solicitado información sobre la situación dentro de la empresa y sobre la disuelta comisión de los nueve representantes. “La información correspondiente le fue suministrada”, se aseguró en la reunión del directorio.

El descontento generó trabajo a desgano, quites de colaboración y sabotajes; nuevas formas de resistencia para el nuevo contexto. En diciembre de 1976 se conformó una nueva comisión interna. Los trabajadores sufrieron los secuestros de Miguel Grieco, José Antonio Vizzini y Alfredo Martín. El 4 de enero de 1977 la empresa citó a los nuevos delegados a las oficinas de Capital Federal y cedió en varios puntos conflictivos. Pocas horas después, dos de los obreros que habían asistido a la reunión -Alfredo Reimer y Víctor Hugo Ventura- fueron secuestrados; antes habían comentado entre ellos y a sus familiares que la actitud de los directivos de Mercedes Benz les había resultado llamativa. Estos secuestros causaron un profundo impacto en los trabajadores, que a esta altura de la represión ya habían aceptado un premio por productividad -tal como quería la empresa antes del inicio de la dictadura. En febrero fue secuestrado Carlos Adolfo Cienciala.

En agosto de 1977 se tensaron nuevamente las relaciones entre los obreros y la empresa. Al rechazo de cumplir con horas extra por una larga lista de demandas insatisfechas, los directivos calificaron la situación como “crítica”, con consecuencias “serias” para la producción. En un período de dos semanas fueron secuestrados dos ex trabajadores y ocho trabajadores de la empresa. De Elías se había reunido con funcionarios de la dictadura el 1 de julio y lo hizo nuevamente el 30 de agosto.

Los últimos secuestros fueron en enero y junio de 1978. Ese año la empresa alegó una crisis de ventas y paralizó la producción en distintas oportunidades, suspendió personal y otorgó vacaciones adelantadas. Pudo avanzar en estas medidas porque la dictadura la había puesto en una nueva posición de fuerza respecto de los obreros. La débil protesta que generaron esas decisiones terminó con despidos. De ahí en más, la reducción de personal fue constante: el plantel quedó reducido a menos de la mitad en 1983.

Hay suficiente evidencia de cómo la empresa dio información sobre los trabajadores a las fuerzas represivas. Un expediente de inteligencia policial de 1980 que se encontró en el Archivo de la DIPBA señala sobre los desaparecidos de Mercedes Benz que “la mayoría de los trabajadores mencionados en su oportunidad fueron catalogados como elementos de izquierda que agitaban en Mercedes Benz”. Respecto de Alfredo Reimer, en otro de estos documentos la DIPBA indica que “la empresa lo tiene sindicado como encargado de distribuir panfletos refrendados por la comisión”. Las fotografías de los obreros que están en el mismo expediente son las de sus legajos. A dos trabajadores los secuestraron dentro de la fábrica. Todos los que sobrevivieron a su secuestro coincidieron en que los interrogatorios fueron sobre situaciones sindicales al interior de Mercedes Benz. Las víctimas no fueron elegidas al azar: todas tenían militancia gremial.

Hay otro aporte de gran relevancia que la empresa hizo a la dictadura: la donación de dos aparatos de neonatología a los Hospitales de Campo de Mayo y Militar Central. El comisario Rubén Luis Lavallén, identificado por varias víctimas como su secuestrador y torturador, fue contratado como jefe de Seguridad en la empresa en 1978. Lavallén fue condenado en 1988 a cuatro años de prisión por la falsificación del acta de nacimiento de la niña Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados y retenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo en el marco del Plan Cóndor.

La causa que investiga los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas los trabajadores de Mercedes Benz se inició el 28 de octubre de 2002, a partir de la presentación de Gregorio Grieco y Gabriela Beatriz Nuñez, familiares de obreros desaparecidos, con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans. Durante la investigación se incorporaron otros familiares como querellantes y lo mismo hizo el CELS, en calidad de organismo de derechos humanos.

El eje de la instrucción de la causa es la desaparición de varios operarios de la empresa y la posible responsabilidad sobre esos hechos de sus directivos, la cúpula del SMATA y funcionarios civiles del gobierno, además de la de las fuerzas armadas. Los trabajadores que fueron detenidos-desaparecidos –algunos de ellos continúan en esa condición– son: Rubén Oscar Caddeo, Juan José Martín, José Antono Vizzini, Miguel Grieco, Alfredo Manuel Martín, Esteban Alfredo Reimer, Víctor Hugo Ventura, Carlos Adolfo Cienciala, Oscar Alberto Álvarez Bauman, Charles del Carmen Grossi, Fernando Omar del Contte, Héctor Anibal Ratto, Héctor Alberto Belmonte, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Juan José Mosquera, Alberto Francisco Arenas y Jorge Alberto Leichner.

La causa original se dividió en función de los lugares de detención de las víctimas. En febrero de 2014 se procesó solo a militares, responsables del cautiverio de los obreros Fernando Omar Del Contte, Diego Eustaquio Núñez, Alberto Gigena, Héctor Aníbal Ratto, Jorge Alberto Leichner Quilodran, Juan José Mosquera y Alberto Francisco Arenas. Estuvieron secuestrados en Campo de Mayo, jurisdicción del Comando de Institutos Militares, Zona de Defensa IV. Los militares procesados fueron Riveros, Bignone, Omaecheverría, Julio San Román, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, José María González y Eugenio Guañabens Perelló. Ese tramo fue elevado a juicio. Los otros casos tramitan en el Juzgado N°3 de La Plata, luego de que la jueza de San Martín se declarara incompetente para investigar el resto de los casos, de quienes no habían estado detenidos en Campo de Mayo.

Luego de más de diez años de investigación, en noviembre de 2014 los fiscales de San Martín Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti solicitaron a la jueza federal de San Martín Alicia Vence que citara a prestar declaración indagatoria a dos directivos de la empresa: Rubén Pablo Cueva, gerente de Asuntos Jurídicos y Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción. En su pedido, los fiscales destacaron que las víctimas integraban “una comisión interna enfrentada con la gerencia de la empresa y con el gremio de SMATA” y pusieron de relieve “la estrecha relación entre el personal directivo y la cúpula militar”. Los fiscales indicaron, además, que dos de los obreros fueron secuestradas en la fábrica, uno de los cuales permanece desaparecido. A pesar de estos elementos, la jueza se negó a llamar a indagatoria a los gerentes involucrados en los secuestros y desapariciones con el argumento de que no había suficientes pruebas ni surgía del escrito de los fiscales “la descripción de la conducta ilícita en la que habrían participado los nombrados”.

En 2016 los fiscales reiteraron el pedido y el CELS presentó una nueva solicitud de indagatoria de los imputados civiles, pero hasta el momento ninguno fue llamado a declarar.

Molinos Río de la Plata

Los patrones de la empresa hicieron una advertencia que sonó a amenaza: era la “última oportunidad” que tenían los delegados para retirarse “voluntariamente” de la planta. Se quedaron.

A las pocas horas un grupo numeroso de militares ingresaron a las instalaciones y pasaron sección por sección secuestrando a los trabajadores que tenían registrados en una lista con membrete de Molinos Río de la Plata. Eso ocurrió el 7 de julio de 1976.

Antes de la dictadura, la DIPBA, Departamento de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ya había hecho inteligencia en la empresa. Uno de sus informes se tituló “Infiltración de izquierda en la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata”. Durante esos años los trabajadores denunciaron amenazas, golpizas y hasta secuestros por unas horas dentro de la planta. Con la dictadura, los reclamos de los trabajadores terminaron en secuestros y desapariciones.

I. "La mayoría de los desaparecidos son trabajadores"





II. Investigación judicial

Molinos Río de la Plata se fundó en 1902 con los molinos harineros de la firma Bunge & Born en Puerto Madero, Capital Federal. Pasó de elaborar harinas y aceites para la exportación a dirigir su producción al mercado interno. Sus productos y marcas fueron creciendo al punto de convertirse en las principales en la mayoría de sus rubros: harinas, cereales, aceites, mayonesa, arroz, yerba.

Durante la década de 1970 y, sobre todo, a partir del golpe de Estado, Molinos Río de la Plata se convirtió en una de las empresas más grandes del país. Para llegar a ese estatus compró diversas marcas de alimentos y sofisticó la tecnología de sus fábricas y sus procesos productivos para reducir los costos de producción. La empresa se benefició de la liberación de materias primas en el mercado interno, que le permitió aumentar un 40% su facturación.

Los trabajadores de la fábrica de producción de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se organizaron y formaron la agrupación 17 de octubre que en 1973 ganó las elecciones para la comisión interna a la lista oficial, representada por la burocracia sindical. Los trabajadores eligieron delegados, uno por cada sector de producción. Marcos Vázquez, conocido por sus compañeros como “El Paraguayo”, fue elegido secretario general de la comisión interna. La mayoría de los delegados militaban en la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, y luego se incorporarían a Montoneros.

Una vez que ganaron la conducción, la comisión interna impulsó reivindicaciones por mejores condiciones laborales y la reincorporación de los despedidos. Allí comenzaron los primeros enfrentamientos con la dirección de la empresa. En 1973 y 1974 los trabajadores llevaron adelante dos tomas de la fábrica que duraron varios días y finalizaron con la intervención del gobierno nacional.

A los reclamos por reivindicaciones laborales sumaron denuncias contra la empresa por las maniobras de especulación y acopio de mercadería que tendían a eludir el control de precios fijado por el gobierno. Por ese motivo Ricardo Otero, ministro de Trabajo de la Nación, visitó la fábrica. La empresa respondió con el desabastecimiento de alimentos.

Pocos días después del golpe en la fábrica comenzó un plan sistemático de persecución contra los miembros de la agrupación 17 de Octubre. Entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas circunstancias la mayoría de los obreros. La empresa mantenía agentes de las fuerzas de seguridad infiltrados entre ellos, que hacían tareas de inteligencia; los trabajadores los llamaban “bomberos”.

Una vez producido el golpe militar, la persecución hacia los obreros fue mayor. La mayoría de los delegados renunciaron a la empresa para resguardar su integridad. Los que no lo hicieron, fueron intimidados por sus directivos. La mayoría de los testimonios de los ex trabajadores señalaron al jefe de Relaciones Laborales como la persona que empujaba a la renuncia, primero con el ofrecimiento de dinero y después con amenazas directas. También señalaron al gerente general de la planta de Avellaneda como uno de los que llevaba adelante esas presiones.

El 1 de julio de 1976 fue secuestrado un trabajador en el trayecto de su casa al trabajo. El 7 de julio, entre las 5 y 6 de la mañana, a la hora de ingreso del turno matutino, irrumpieron en la puerta de la fábrica varios camiones del Ejército con decenas de agentes que portaban listas con los nombres de los trabajadores y llevaron adelante un operativo masivo. Secuestraron unos setenta trabajadores de los cuales, al menos tres permanecen desaparecidos. La empresa borró todo registro en su documentación sobre esos obreros. Ese mismo día fue secuestrado en su domicilio otro trabajador. En los meses posteriores se realizaron secuestros de al menos 19 ex trabajadores de Molinos que habían renunciado luego del golpe militar. Algunos operativos se produjeron en sus domicilios, cuyas direcciones estaban registradas en sus legajos.

El secuestro de los delegados y el disciplinamiento de los trabajadores que sobrevivieron a la represión permitieron una gran disminución del “costo de mano de obra”. Los beneficios se vieron reflejados en el crecimiento de las ganancias y la rentabilidad empresaria: a partir del ejercicio que cerró en julio de 1976, la empresa pasó de tener pérdidas por más de 51 millones a lograr beneficios en los dos períodos siguientes por más de $133 millones y 111 millones de pesos. Alcanzó un máximo de ganancias en 1982: 147 millones.

En mayo de 2013, Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freitas presentaron una denuncia ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata “para que se investigue la complicidad de los propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de Molinos en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición de trabajadores”. Son los hijos de Francisco Fernández, Rubén Mattaboni y Avelino Freitas, ex obreros de la compañía. En septiembre de 2014 el CELS se presentó como querellante institucional.

En marzo 2015 el Ministerio Público Fiscal solicitó que se investiguen los casos de Avelino Antenor Freitas, Ricardo Avelino Almaraz y su compañera Celia Arzamendia, Francisco Fernandez, Santos Ojeda, Roberto José Bonino Rivolta, Fermín Agustín González, Juan Carlos Pasquarrosa y José Jacinto Pasquarrosa, Humberto Oscar Dippolito, Alfredo Patiño, Carlos Guillermo Robles y su compañera Martina Concepción Espinoza, Héctor Alberto Vidal y su compañera Marta Inés Ávila.

Para sostener la vinculación de Molinos Río de la Plata con los secuestros de las víctimas, los fiscales analizaron el contexto laboral y la coyuntura político-sindical en la que se produjeron los secuestros de los trabajadores y su militancia política en la Lista “Blanca” del Sindicato de Aceiteros, enfrentada a la Lista “Celeste”, que era afín a la dirección de la empresa. Resaltaron la persecución sistemática de la dirección contra a los trabajadores con actividad política-sindical. Ese hostigamiento se vio reflejado en los legajos de la DIPBA, que realizó tareas de inteligencia contra los obreros.

Los fiscales también estudiaron un informe de la Oficina de investigación económica y financiera de la Procuración General de la Nación que analizó la documentación contable de la empresa. Molinos pasó de soportar pérdidas a obtener ganancias con el inicio de la dictadura. Además, el informe revela que en el período analizado, el costo laboral representó para la empresa un porcentaje muy bajo del total de costos de la empresa y el monto estimado para afrontar juicios laborales por despidos disminuyó abruptamente a partir de 1976 . El balance permite ver cómo en su planificación la empresa preveía reducir el pago de esas deudas desde julio de 1976, es decir, a partir del inicio de los secuestros. Por ello, los fiscales concluyeron que los secuestros de los trabajadores implicaron un beneficio económico para la empresa.

En junio de 2016 el Ministerio Público Fiscal pidió ampliar la investigación a los hechos que tuvieron como víctimas a otros trabajadores: René Fabián Albornoz, Héctor Jorge Dadin Vacere, Jose Vicente Vega, Fermín González, Marcos Augusto Vázquez, Carlos Ernesto Espindola y José Luis Salazar.

Hasta el momento, son 22 las personas que fueron víctimas, que forman parte de la investigación. Aún no hay imputados identificados.

Ledesma

“Este es el zurdo que le hizo el paro a la empresa por quince días. De esta cabeza nace el paro por tiempo indeterminado que sufrió Ledesma, es esta porquería, el Gordo Saracho y Mario Ernesto Ricci, y por culpa de esta porquería el ingenio tuvo que tirar toneladas de caña de azúcar”. Eso escuchó Raúl Osvaldo Tapia mientras lo torturaban el 3 de abril de 1976. Trabajaba en el Ingenio Ledesma y había promovido denuncias y reclamos contra la empresa.

Ledesma es en la actualidad una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes del país y de América Latina. El centro de sus actividades está en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Jujuy. Por su dimensión es el principal actor social y económico de la región.

En la construcción de ese poderío económico fueron muy importantes los beneficios y prebendas que la empresa recibió del Estado. Durante la dictadura de Onganía y en la década de 1970 Ledesma se ubicó a la cabeza del grupo de empresas beneficiadas por las políticas estatales que posibilitaron un proceso de concentración y centralización de la economía.

I. "Para dormir bajaban los colchones al piso si no, no entraban"



II. Investigación judicial

Uno de los principales problemas que los trabajadores tenían en Ledesma eran las paupérrimas condiciones de vida: cuatro familias alojadas en una habitación de 10 metros cuadrados, malnutrición, falta de atención médica y servicios sanitarios mínimos. Como correlato, la mortalidad infantil era elevada; una publicación de la época llegó a denunciar que “Ledesma (…) ha resuelto dar una ‘solución’ al problema: desde hace un tiempo ha comenzado a esterilizar a las esposas de los obreros”.

Estas tensiones provocaron la radicalización de los reclamos obreros, al tiempo que la empresa endurecía sus respuestas. A partir de los años sesenta comienza un proceso de organización y lucha obrera en esas localidades. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Calilegua llevaron adelante paros por estos reclamos y por mejoras salariales. Los trabajadores consiguieron varios aumentos.

En la actualidad, trabajan para Ledesma 8000 personas en las más de 40.000 hectáreas que posee para el cultivo de caña de azúcar, rubro en el que es líder de producción, y 2000 hectáreas para las plantaciones de cítricos y paltas, además de instalaciones para la producción de azúcar, alcoholes y bioetanol, celulosa y papel y empaquetamiento de frutas y producción de jugos concentrados. Además posee instalaciones para la explotación petrolífera en la zona de las yungas, del Parque Nacional Calilegua y en el yacimiento Auaragüe de Salta. Su facturación es superior a los 4000 millones de pesos anuales, lo que representa aproximadamente un 6% de la economía de la provincia de Jujuy.

En el año 1973 asumió como intendente de la localidad de Libertador Gral. San Martín Luis Ramón Arédez –antiguo médico de Ledesma, despedido por contradecir la medicación que autorizaba la empresa. Tomó una serie de medidas que obligaban a la empresa a pagar impuestos y cumplir con una serie de normativas que hasta ese momento eludía, como dar asistencia médica a los trabajadores y proveer viviendas dignas. Ledesma cumplió una vez que Arédez advirtió sobre la posibilidad de intervenir la planta. Pero la intervención recayó sobre el municipio. La gobernación terminó cediendo a las presiones de la empresa y la gestión de Arédez duró ocho meses. A los pocos meses, muchos trabajadores, en su mayoría del gremio y delegados, sufrieron detenciones bajo la ley 20.840, dictada para perseguir las actividades consideradas “subversivas”.

En marzo de 1975 el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma fue intervenido y sus principales dirigentes, Melitón Vázquez y Carlos Figueroa, fueron detenidos. En las oficinas de la empresa les hicieron firmar un acta de cese de sus actividades sindicales. Los trabajadores del ingenio, ante eso, se movilizaron y tuvieron enfrentamientos con la policía. En ese contexto Ledesma fue ocupada por las fuerzas armadas y de seguridad. Más de un centenar de trabajadores fueron detenidos y se libró una orden de detención contra todos los miembros de la comisión directiva, sin otro argumento que ser parte del sindicato. Se allanaron las casas de varios delegados y trabajadores, que fueron secuestrados y conducidos a distintos centros de detención provinciales.

Ya desde esta época, los trabajadores denunciaron que Ledesma colaboró con las fuerzas de seguridad en los secuestros: la empresa proveyó ambulancias, camionetas y otros vehículos. También secuestraron a los abogados del sindicato.

Después del golpe militar, hubo en toda la provincia –pero principalmente en Calilegua y Libertador Gral. San Martín– una gran cantidad de secuestros y desapariciones, en su gran mayoría trabajadores o ex trabajadores del Ingenio Ledesma, muchos de los agentes de fuerzas de seguridad responsables de los operativos manejaban camionetas de la empresa. El 24 de marzo fueron secuestrados Arédez y los trabajadores Ramón Luis Bueno, Omar Claudio Gainza, Julio César Taglioli y Emilio Carlos Escoleri, este último había sido despedido por su actividad sindical. Raul Osvaldo Tapia, que había denunciado las condiciones laborales de Ledesma, fue interrogado bajo torturas sobre Arédez y fue acusado de perjudicar a la empresa por las huelgas. El 9 de abril fue secuestrado Carlos Alberto Melián -un ex trabajador que era secretario del sindicato de Agua y Energía- y trasladado de la comisaría a un centro clandestino de detención en un vehículo similar –”llegó la camioneta del Ingenio”, escuchó mientras le vendaban los ojos. Fueron trasladados después de meses a la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata y recuperaron su libertad en marzo de 1977. La historia de Arédez fue distinta, volvió a ser secuestrado el 13 de mayo de ese año y permanece desaparecido.

El 13 de abril fue secuestrado Hugo Condorí, miembro directivo de la obra social del sindicato, después de que lo amenazara el ex brigadier Teodoro Álvarez, ejecutivo de la empresa. Condorí -que ya había sido detenido en los años 1974 y 1975 por su actividad gremial- fue secuestrado mientras se encontraba caminando por la capital jujeña. Lo llevaron al cuartel de bomberos y luego a Villa Gorriti, donde estuvo junto a otros presos de Ledesma entre los que estaba Aredez. Luego fue llevado a la unidad penal de La Plata y fue liberado en 1977.

Entre las noches del 20 y el 27 de julio de 1976 se realizaron operativos masivos en el departamento Ledesma: repentinos cortes de luz, durante los que había allanamientos y secuestros; las personas que resultaron víctimas fueron centenares. En los operativos participaron personal del ejército, policía provincial y gendarmería, muchos movilizados en camiones y tráileres de la empresa. El terror impuesto durante esas noches se conoció como “La noche del apagón”.

Las víctimas no fueron elegidas al azar, sino que la represión tuvo un sesgo anti sindical. La mayoría había tenido enfrentamientos políticos, laborales o sindicales con Ledesma. De hecho, varios testigos contaron sobre listas de personas a secuestrar confeccionadas por la empresa y aportadas a las fuerzas de seguridad.

En los años de terrorismo de Estado, Ledesma consiguió revertir las conquistas obreras y el salario cayó a niveles mínimos en 1979. En forma paralela la empresa se benefició con las políticas de promoción industrial de la dictadura, que apoyó de manera explícita. En el cuarto aniversario del golpe, en marzo de 1980, Ledesma expresó su adhesión a través de solicitadas en medios locales.

La responsabilidad de los directivos de Ledesma por los secuestros cometidos contra sus trabajadores se investiga en tres causas judiciales: “Aredez” (expediente N° 296/09), “Burgos” (expediente N° 195/09) y “Bernard” (expediente N° 331/09). Los imputados son Carlos Pedro Tadeo Blaquier (presidente) y Alberto Lemos (administrador).

La causa “Bernard” está en las primeras etapas de la investigación. Las otras dos aguardan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los recursos presentados contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que dictó la falta de mérito a los imputados.

Las tres investigaciones se iniciaron con denuncias de la época, que hicieron las víctimas o sus familiares. Blaquier y Lemos están acusados de colaborar en los secuestros por medio de la provisión de vehículos para trasladar a las víctimas. Fueron procesados por el juez federal Fernando L. Poviña como cómplices del delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Salta. En el procesamiento se tuvo en cuenta que el aporte de las camionetas se dio en el marco del terrorismo de Estado, el contexto de enfrentamiento entre la empresa y los gremialistas, las comprobadas tareas de inteligencia realizadas por la empresa contra sus obreros, el apoyo explícito de Blaquier a la dictadura, sus vínculos con funcionarios de la dictadura como José Alfredo Martínez de Hoz y la contratación de un ex militar como jefe de personal, entre muchos otros.

Con la confirmación del procesamiento, la causa podía ser elevada a juicio oral. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar el procesamiento y resultaron beneficiados el dueño y el administrador de Ledesma con una falta de mérito. Para hacerlo sostuvieron sorprendentemente que, si bien se había probado que la empresa aportó las camionetas que se emplearon en los secuestros, no se pudo acreditar que Blaquier y Lemos sabían que ese era el uso que se les daría.

La Veloz del Norte

Víctor Cobos era chofer y delegado gremial de La Veloz del Norte. En uno de sus recorridos habituales, el 21 de enero de 1977, subió una persona al micro y propuso pagar el pasaje sin que le dieran boleto. Cobos se negó. Al rato subió el dueño de la empresa, Marcos Levín, junto a dos policías, y le pidió el boleto a la persona en cuestión. Cuando se dio cuenta de que Cobos le había dado el boleto, fue hacia él y le dijo “mañana vas a ver… ya te vas a enterar”. Cobos estaba acostumbrado a los aprietes de Levín. Durante un paro general de transporte ya lo habían perseguido con un auto de las fuerzas de seguridad y le habían barrido el auto a balazos.

Al día siguiente del encuentro con el dueño de La Veloz del Norte, Cobos fue detenido por una denuncia fraguada vinculada con el cobro de pasajes sin extender boletos. Detenido, fue torturado durante varios días por los policías que acompañaban a Levín. Cuando fue puesto en libertad, lo primero que hizo fue ir a la empresa. Le pagaron los quince días que había trabajado en enero y le entregaron un certificado de despido. Desde ese momento no pudo conseguir trabajo en Salta, por lo que tuvo que irse de la provincia. El hermano de Víctor, de 17 años fue asesinado por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1976 en su casa.

I. La sentencia

II. Investigación judicial

La Veloz del Norte es una empresa de transporte automotor de pasajeros de Salta que ofrece recorridos provinciales, nacionales e internacionales. En 2015 tenía 170 servicios y empleaba a más de 800 trabajadores, era el segundo empleador privado de Salta. Se trata de una de las empresas de transporte más importante del norte argentino. Marcos Levín fue su propietario desde su fundación en 1942 hasta 2012. En la actualidad es dueño de otras empresas de transporte como Leal Líneas Aéreas.

En la década de 1970 los obreros protagonizaron distintos conflictos con la empresa. Realizaron varias huelgas por el atraso y mal pago de los sueldos, el no reconocimiento de las horas extra y la falta de horas de descanso para los choferes que viajaban a Tucumán, efectuaron reclamos contra los despidos arbitrarios e injustificados y buscaron elevar el piso de sus derechos. La empresa solía firmar acuerdos con los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo, pero los incumplía reiteradamente.

En la década de 1970 los trabajadores de La Veloz del Norte estaban representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que en esa época integraba las 62 organizaciones peronistas. Varios sectores del sindicato tenían vínculos fuertes con la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), que fue activa en su actuación contra los sectores conservadores de la dirigencia sindical.

Luego del golpe de Estado, los trabajadores sindicalizados seguían siendo un obstáculo para la empresa y al menos 22 de ellos resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Todos sobrevivieron a su cautiverio clandestino. En enero de 1977 fueron detenidos bajo la acusación de una supuesta estafa a la empresa y, en la comisaría 4° de Salta, sometidos a torturas. Algunos de los trabajadores fueron secuestrados en sus puestos de trabajo o al finalizar sus turnos y otros en sus casas. Un grupo fue trasladado desde la comisaría a la cárcel de Villa Las Rosas por dos semanas más y el resto fue liberado.

La represión que vivieron los trabajadores de La Veloz del Norte está íntimamente ligada al objetivo de desactivar las reivindicaciones laborales. Los directivos de la empresa y, en especial, su dueño Marcos Levín tuvieron una participación activa en los hechos. Algunos de los trabajadores detenidos –los que venían de Tucumán en un micro de larga distancia de La Veloz– pudieron ver a Levín y a su jefe de personal, José Grueso, en la puerta de la comisaría salteña. Otros mencionaron su presencia durante las sesiones de torturas. Un trabajador declaró en la causa que los policías dejaron de torturarlo cuando una persona les hizo saber que Levin había dicho que “él no tenía nada que ver”. Otro contó que fue liberado luego de que las fuerzas de seguridad hicieron una consulta con la empresa.

La causa para determinar las responsabilidades penales por los crímenes de lesa humanidad contra los trabajadores de La veloz del Norte se inició en 2011 con la declaración de Víctor Cobos.

Durante el juicio, algunos testigos que habían sido trabajadores de La Veloz hablaron de la existencia de una lista de empleados vinculados al gremio que debían ser detenidos y que había sido hecha por el jefe de personal de la empresa. Un trabajador relató incluso que Grueso confeccionaba la lista y se la pasaba a Levin para que “le dé la orden al comisario sobre lo que tenía que hacer”. El empresario solía jactarse de su poder con la policía.

Víctor Hugo Bocos era efectivo de la policía de Salta y empleado de La Veloz del Norte. Varias de las detenciones a los trabajadores fueron realizadas por él en un Ford Falcon celeste, que pertenecía a la empresa y que tenía también para su uso personal. Estuvo presente en todas las sesiones de tortura, en las que daba instrucciones. Los trabajadores relataron que ingresaba a la empresa con completa libertad, “como si estuviera en su casa”; que tenía un trato fluido con Levín y acceso a su despacho.

Según los testimonios de los sobrevivientes, durante la dictadura, la organización del trabajo, las salidas de micros, los horarios y turnos de los choferes, eran diagramados por la empresa en función de las necesidades de los operativos de detención. Víctor Cobos lo relató así: “Grueso era el corresponsable del accionar tanto de la policía como de Levín, porque él como responsable del diagrama, él digitaba a los conductores que iban a ser secuestrados en el camino donde se encuentren o a qué hora llegaban para que la policía esté en ese momento para bajarlos del micro, llevarlos detenidos a la brigada y hacerlos torturar (…) porque él diagramaba el servicio diario de la empresa. De acuerdo a las directivas que recibía a qué personal había que detener él hacía el diagrama”.

Otros de los testimonios que se escucharon en el juicio hicieron referencia a retribuciones económicas que la empresa daba a las fuerzas policiales encargadas de llevar adelante la represión; podían ser aportes de las cubiertas de los vehículos, cajas de vino. Un trabajador que estuvo detenido dijo que Bocos le señaló las cajas y comentó: “Esa es la que nos da tu patrón para que los hagamos hablar a ustedes”.

El disciplinamiento de los trabajadores a través del terrorismo de Estado le permitió a la empresa la aplicación de nuevas formas de organización del trabajo y la limitación de la participación gremial. Un trabajador relató: “La empresa era dirigida gremialmente por Marcos Levín. Echaba a los choferes que quería, echaba a las azafatas que quería”. Además, La Veloz del Norte recibió beneficios adicionales de la dictadura y sacó provecho de sus vínculos con las fuerzas armadas: sus rutas de circulación fueron ampliadas notoriamente en la época.

Levín fue procesado por el juez federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, el 15 de octubre de 2012. En el juicio oral y público declararon varios ex trabajadores de La Veloz ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia.

En marzo de 2016 Marcos Levín fue condenado a doce años de prisión como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos a Víctor Cobos. Los jueces sentenciaron que el único motivo para no tener a Levín como autor de los delitos es que no cumplía con uno de los requisitos que exige el código penal: no era funcionario público, lo que da cuenta del rol protagónico del empresario en la represión. Por los hechos se condenó además a tres ex policías: Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo y Víctor Hugo Almirón, este último era el comisario a cargo de la comisaría 4° y los dos primeros fueron los autores de las torturas.

Con esa sentencia, por primera vez en la Argentina un empresario fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en perjuicio de sus trabajadores. Para el Tribunal: “La complicidad necesaria se advierte en el caso en estudio respecto de Marcos Jacobo Levin, por cuanto, como se observó en el análisis del hecho, tuvo el codominio funcional del hecho con sus consortes de causa, al intervenir aportando vehículos, confeccionando listas para las detenciones, estableciendo a quién torturar y a quién no, indicando a qué hora y en qué lugar detener a los empleados, concurriendo a la comisaría en horarios desusados e impropios de un simple denunciante, resultando concomitante su presencia con las torturas que se aplicaban”.

Particularidades de estas causas

Los hechos que se investigan en estas causas no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos. Los crímenes que se les imputan a estos empresarios y directivos de empresas son privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, los mismos delitos por los que fueron acusados la mayoría de los militares y agentes de las fuerzas de seguridad involucrados en el terrorismo de Estado. Marcos Levín, el dueño de La Veloz del Norte, fue condenado como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y los tormentos de un delegado gremial.

Pruebas

Las investigaciones judiciales por la responsabilidad empresarial en este tipo de delitos tienen características particulares y novedades probatorias.

Los testimonios de los trabajadores suelen ser la evidencia más importante en los casos. En el caso de la empresa Mercedes Benz, uno de los principales puntos de la acusación es un testimonio que narra cómo el gerente de producción de la empresa le dio el domicilio de un obrero a las fuerzas represivas. En La Veloz del Norte, la condena a Levín se basó, en gran medida, en el detallado relato de los trabajadores que fueron detenidos y explicaron la persecución del dueño de la empresa contra los obreros sindicalizados, su presencia en el lugar de las torturas e incluso las indicaciones que Levín dio a quienes aplicaban picana. En el caso del Ingenio Ledesma, las víctimas pudieron observar que las camionetas de Ledesma se usaron para secuestrar y trasladar a una enorme cantidad de personas, muchas de ellas trabajadores del ingenio con actividad sindical.

Además de las pruebas directas que acreditan la responsabilidad de algunos empresarios en el terrorismo de Estado, los testimonios permiten desentrañar el contexto político, social y económico de los crímenes, que ingresa en los procesos penales como prueba indiciaria: todo hecho respecto del cual se puede inferir, por medio de una operación lógica, la existencia de otro.

La documentación de las propias empresas, en este sentido, aporta material de gran relevancia: actas de reuniones de directorio, balances y denuncias suelen registrar en detalle los conflictos laborales, el apoyo explícito de las empresas a la dictadura y, en algunos casos, las ganancias obtenidas como resultado de sus políticas económicas.

Un ejemplo elocuente es la acrta del presidente de Acindar, general Alcides López Aufranc, que acompañaba la memoria empresarial de 1975-1976: “A partir del 24 de marzo de 1976… Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva”[1].

La documentación del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (ex DIPPBA) proporciona elementos de prueba para la acusación de directivos y empresarios. Registran información que fue aportada por la empresa de manera explícita y datos que difícilmente puedan haber provenido de otra fuente como puestos de trabajo, pases de obreros de un sector a otro, rendimiento laboral de los trabajadores. En el caso de la empresa Petroquímica Sudamericana, un informe policial de mayo de 1970 revelaba que la empresa, luego de denunciar la existencia de “un pequeño grupo que quiere crear un clima de intranquilidad” en la fábrica, tomó la iniciativa para que un número de policías se infiltrara entre los obreros y así detectar “personas disolventes”.

Las declaraciones que se brindaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas conectan también el secuestro de trabajadores con la responsabilidad de empresarios. En el legajo en la CONADEP de un trabajador de la empresa Alpargatas, en Aguilares, sus familiares relataron su secuestro el 20 de julio de 1976: los miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron a la vivienda y preguntaron por el obrero de Alpargatas. Cuando se identificó como tal, fue secuestrado[2].

Un tercer tipo de pruebas son los indicios sobre los beneficios económicos obtenidos por las empresas durante la dictadura. En el caso de la cementera Loma Negra, Jorge Rafael Videla autorizó a través de un decreto de 1977 la instalación de una nueva planta en la provincia de Catamarca y beneficios impositivos como la desgravación por diez años del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre el capital de las empresas, además de la exención de derechos de importación. Acindar también recibió cuantiosos recursos estatales a través de los regímenes de promoción industrial; eso le permitió comprar maquinaria, adquirir otras empresas y fundar múltiples subsidiarias. También participó de la estatización de deuda privada y transfirió al Estado obligaciones por 652 millones de dólares.

La acreditación de esos beneficios, que impactaron directamente en la rentabilidad, a partir de las políticas de la dictadura pueden configurar el móvil que llevó a esos hombres de negocios a cometer los crímenes. Los empresarios favorecidos no podían desconocer lo que estaba sucediendo con sus trabajadores. Este tipo de evidencias fortalece las pruebas directas que puedan encontrarse en las causas.

En la causa contra el empresario Carlos Pedro Blaquier y el administrador Alberto Lemos por secuestros, los imputados fueron beneficiados con una falta de mérito por la Cámara Federal de Casación Penal, que sostuvo que, si bien estaba probado que el Ingenio Ledesma aportó las camionetas que se usaron para secuestrar a personas, no se pudo acreditar que Blaquier y Lemos supieran que los vehículos se usarían con ese fin. La decisión desconoce que Ledesma era la empresa más grande de la zona y que estaba llevando adelante una persecución política y sindical contra los dirigentes gremiales y que Blaquier intervenía personalmente y controlaba todas las cuestiones de la empresa. Los secuestros se produjeron en distintos días y fueron difundidos desde que ocurrió el primero de ellos, por lo que es innegable que Blaquier y Lemos estuvieron al tanto. Más que un problema de prueba o de desarrollo jurídico, alrededor de los responsables civiles se levantan obstáculos de tipo político para avanzar en los procesos. En el caso de Blaquier, es uno de los empresarios más poderosos del país.

Atribución de responsabilidades

¿Cuáles son los criterios de atribución de responsabilidad que se aplican a los empresarios en estos delitos? Podemos calificar su participación en: complicidad –primaria o secundaria–, instigación o coautoría. No es lo mismo un empresario que dio las direcciones de los trabajadores para que fueran secuestrados, que uno que estuvo presente durante las torturas. El análisis se debe hacer caso por caso.

Para considerarlos cómplices, debe probarse que los empresarios hicieron un aporte –necesario o no– a los secuestros, con conocimiento de lo que hacían. Esta forma de atribución de responsabilidad parece ser la aplicable a los casos de los imputados en las causas Ford y Mercedes Benz.

La condena a Marcos Levín como partícipe necesario es un antecedente insoslayable para pensar cómo se atribuyen las responsabilidades penales. Varios de los trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, que fueron secuestrados y torturados, vieron a Levín en la comisaría donde estuvieron cautivos. El empresario también dio vehículos para que los trabajadores detenidos de manera ilegal fueran trasladados desde Tucumán. Los jueces del tribunal señalaron que “Levín tuvo el dominio del hecho en cuanto a resolver quién debía ser detenido y torturado”, lo que lo convertiría en autor, pero que no podía tenérselo por tal porque no fue funcionario público en el momento de los hechos y los delitos que se juzgaron requieren que el autor lo sea. En virtud de esa circunstancia, Levin fue tenido por cómplice necesario y no autor.

Otra posibilidad es considerar la conducta de los empresarios como instigación. Para eso es necesario probar que los empresarios empujaron a los militares a realizar los secuestros. Esto parece difícil de comprobar y, además, desdibujaría el rol que tuvieron las fuerzas armadas en la represión. En determinados casos, sin embargo, podemos hablar de instigación. Los propios militares lo advirtieron, según se puede leer en un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Autoridades de Seguridad comentaron recientemente a la embajada… que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial”.

Por último, se podría imputar a los empresarios como autores. Tenemos que considerar que los militares –que indudablemente son los autores de los delitos– fueron juzgados y condenados en base a dos criterios: la autoría por aparato de poder y la coautoría funcional. La primera exige que haya estructuras organizativas estatales y jerarquías que constituyan un aparato de poder de estructura vertical, por el que descienden sin interferencia las órdenes de los estratos superiores, que se pruebe la participación de la persona en el hecho (por ejemplo: haber empleado esa organización para producir un secuestro) y el carácter de intercambiables de los ejecutores directos de las órdenes. Dado que los imputados en las causas que analizamos son gerentes y no pertenecen al ámbito militar, es difícil sostener que hayan podido “utilizar” a los militares para lograr los secuestros. En concreto, desde el punto de vista jurídico, un gerente o un empresario no pueden dar órdenes a un soldado. Este es el criterio que empleó la jueza Vence en el caso Ford para descartar este criterio de imputación.

La idea de autoría por aparato de poder, no obstante, se aplicó en casos de crimen organizado e, inclusive, a empresas. Por eso podríamos entender que, respecto de la represión en las fábricas, el aparato de poder se integró también con empresarios y gerentes, siempre que pueda establecerse que realizaron –a sabiendas– una colaboración en el funcionamiento del aparato represivo.

Respecto de la coautoría funcional –realizar un delito mediante una ejecución con división del trabajo, en la que el coautor cumple una función esencial al punto tal de que podría hacer fracasar el plan si se negara a participar–, en algunas investigaciones judiciales se podría sostener que la acción de los empresarios significó el cumplimiento de un rol esencial en la ejecución del hecho. Los ejemplos sobran: permitir la instalación de un centro clandestino de detención en una fábrica (Ford), dar a los militares el domicilio de un trabajador a quien irán a secuestrar (Mercedes Benz), aportar los medios de transporte que se usarán para secuestrar a los trabajadores y trasladarlos (Ledesma, La Veloz del Norte). No se podría haber secuestrado a la misma cantidad de gente sin las camionetas de Blaquier, ni se podrían haber secuestrado a los trabajadores de Mercedes Benz en sus casas sin la dirección que aportó la empresa.

Los hechos de los que se acusa a empresarios y directivos, los medios para probarlos y las diversas formas de atribuir la responsabilidad penal que tuvieron son algunas de las claves de la discusión jurídica que se despliegan en estas investigaciones. Los actores civiles involucrados integraron el complejo entramado del terrorismo de Estado en la Argentina.

[1] AA. VV., 2015, “Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomo I.
[2] AA. VV., 2015, “Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomo II.

+ Noticias

Resultados del macrismo, 2017-2018
FABRICARON 2,2 MILLONES DE POBRES

Volverán a dejar la herencia más pesada, como lo hicieron en 1983 y 2001. Las consecuencias del neoliberalismo, nunca cambian.

Posible cierre de la planta de impresión
¿200 DESPIDOS EN LA NACION?

Vienen haciendo negocios sucios, desde el nacimiento de Papel Prensa en 1977. Ahora Clarín se encargaría de editar La Nación.

Comité por la libertad de
MILAGRO SALA - VICENTE LOPEZ

El preocupante estado de salud de Raúl Noro y el testimonio de la compañera de Beto Cardozo, preso político.

Precios subieron 3,2% en noviembre
LA INFLACION 2018 ROZA EL 44%

El costo de vida en los últimos doce meses, alcanza el 48,5% según el Indec, el mayor número desde 1991.