Política 22 de Enero

Un decreto parido por Videla

INVENTAR CORRUPTOS Y AFANAR SUS BIENES

Por Gustavo Campana

El Congreso tiene que salir al cruce de nueva una locura presidencial, para terminar lo antes posible con los efectos del decreto.

Primero el pasado, como único camino para entender el presente. La última dictadura implementó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que se ocupó de juzgar a exfuncionarios y empresarios ligados al tercer gobierno peronista, que actuó entre 1973 y 1976 con las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón.
La CONAREPA fue creada en 1977. Detuvo y confiscó los bienes a 80 personas, que, luego del retorno de la Democracia y reinstaladas las garantías constitucionales, reclamaron ante el Estado y obtuvieron indemnizaciones por 200 millones de dólares.
Aquella tristemente célebre comisión, perdió casi todos los juicios que enfrentó y debió llegar a acuerdos extrajudiciales, porque actuó casi siempre sin pruebas.
Ahora el presente, como dato identitario de la Argentina dictatorial. Sin un solo número positivo para mostrar a toda la población, Macri ingresa al último año de desgobierno y a un 2019 con elecciones en el horizonte; haciendo foco en la corrupción. El monstruo que juega a tener miedo, solo tiene para ofrecer malas sobreactuaciones con un guión mediocre y una interpretación que no salva ni el telepronter.
La implementación por la vía del decreto del presidente Mauricio Macri de la “extinción de dominio”, con el objetivo de “recuperar el dinero mal habido” de la corrupción política, el narcotráfico y otros delitos, puede terminar facturándole al país cientos de millones de pesos toda vez que, de acuerdo al criterio de reconocidos juristas, se trata de una medida inconstitucional.
El DNU dispone crear un procedimiento en el fuero civil y comercial, que empieza con un planteo de un juzgado penal después que toma medidas sobre bienes bajo sospecha (en causas de corrupción, droga, trata, terrorismo) y lo notifica. Se abrirá en el fuero civil un juicio que terminará en una sentencia que podrá determinar la “extinción de dominio”, o sea, el desapoderamiento de bienes sin que exista una sentencia en el ámbito penal. Esto podrá aplicarse a personas que, aunque no estén imputadas, tengan alguna vinculación con bienes cuyo origen esté sospechado. Contarán con la posibilidad de demostrar el origen lícito, pero para eso habrán tenido que pasar por la maquinaria de tribunales. El decreto modifica el Código Procesal Civil y Comercial y la Ley de Ministerio Público, porque crea una procuraduría específica.
El oficialismo ya intentó imponer la extinción de dominio por la vía legislativa, pero el proyecto de Ley que llegó al Congreso fue rechazado por la oposición. Ante la necesidad de retomar la iniciativa política, Macri volvió de sus vacaciones con el decreto bajo el brazo.
De acuerdo a nuestra Constitución y numerosos tratados internacionales, Macri está imposibilitado de legislar en la materia; por lo tanto si el decreto se aplicase, dejaría abierta la puerta para que quienes se vean alcanzados eleven reclamos que pueden terminar siendo muy onerosos para el Estado.
Una idea de Durán Barba para intentar defender lo indefendible. Como siempre...

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