Política 7 de Octubre
Segunda y tercera audiencia

JUICIO ARMADA II EN BAHIA BLANCA

H.I.J.O.S. Reg. Bahía Blanca

Los días 1 y 2 de noviembre, se llevaron adelante la segunda y tercera audiencia de este nuevo juicio a 18 acusados por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En el Aula magna de la UNS, se hicieron presentes nuevamente los únicos cuatro imputados que concurrieron el día del inicio: Arturo María Quintana, Luis Conti, Mario José Bilesio, y Carlos Enrique Lacoste. El Genocida ya condenado anteriormente, Martínez Loydi, lo siguió por videoconferencia desde la ciudad de Necochea, donde cumple prisión domiciliaria, y el resto vio el juicio desde una sala de los Tribunales Comodoro Py en CABA. Ellos son: Torra, Rubatino, Araujo, De León, Shaler, Luchetta, Figueroa, Lorenzini, Moreira, Molina, Louge, Illa y Hermello.
El día jueves, fue enteramente dedicado para que las partes pudieran expresar sus presentaciones y pedidos, y fue utilizado principalmente para el rechazo de la defensa, tanto particular como oficial, hacia el pedido de ampliación de calificaciones sobre los delitos sexuales hechos por la fiscalía en la instancia anterior. Este pedido consiste en que la acusación hacia los imputados por delitos de lesa humanidad, incluya el de abusos sexuales hacia las victimas mujeres, aparte del resto de las torturas, es decir como delito autónomo, que como ya se comprobó y sentenció en el anterior juicio de Armada I, dichos abusos sucedían de manera sistemática. El tribunal se tomó un cuarto intermedio para evaluar la presentación de fiscalía y finalmente decidió no tomar el pedido en esta etapa.
El resto de la audiencia la utilizaron los defensores de los implicados en delitos aberrantes, para desprestigiar y menoscabar tanto a la esencia de los juicios a Genocidas, como a las partes acusadoras, querellas y fiscalías y a todo el universo de victimas que forman parte de los 30.000 desaparecid@s, sus familias, los y las sobrevivientes y a tod@s quienes luchamos para que los genocidas sean juzgados y condenados por sus crímenes. Además de sus argumentos arcaicos, fuera de lugar, ilegítimos y sumamente patéticos, tampoco ahorraron agravios hacia los representantes de fiscalía y querella, lo que seguramente les valdrá una denuncia. Quedó claramente expuesto el interés dilatorio de estos operadores judiciales, para extender, aun más, el proceso de juzgamiento y así intentar lograr mayor impunidad para sus añejos defendidos.
La única verdad que debieron reconocer los defensores, es que los juicios se reabrieron, luego de la derogación de las leyes de impunidad, gracias a una decisión política del anterior gobierno, que lo tomó como política de Estado, algo que obviamente es verdad, lo compartimos, y que ellos en este “clima de época” de retrocesos y falta de derechos, lo menosprecian y buscan revertir. La fiscalía en su respuesta, a estos razonamientos los llamó “refritos tediosos” de argumentos que ya han sido rechazados en su momento incluso por la Corte Suprema, y que han sido derribados por más de 200 sentencias a lo largo y ancho de todo el país, ya que este proceso de Memoria, Verdad y Justicia es una “conquista del pueblo argentino”, por el juzgamiento de “hechos que repugnan” al pueblo y a la conciencia jurídica, tal cual como expresó el fiscal Miguel Palazzani.


La tercera audiencia del día viernes 2 de noviembre que había sido anunciada a las 9 hs, dio comienzo a las 10.30 hs de esa mañana.

El tribunal Oral compuesto por los Dres Salas, Abreu y Aguerrido, comenzó la jornada respondiendo y rechazando todas y cada una de las peticiones realizadas por los abogados defensores de los imputados. Estos habían realizado una larga lista con peticiones y quejas referidas al funcionamiento del juicio y a cuestiones específicamente jurídicas, como ser la prescripción de acción penal, la violación del principio de legalidad, la incompetencia de jueces naturales, insubsistencia de la acción penal y plazo razonable, la intervención del Programa Verdad y Justicia, la no existencia de un 4to Juez, entre otras quejas sin consistencia, como cuestionar la mismísima anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a lo que los jueces recordaron que la misma Corte Suprema indicó “…remover los obstáculos que impidan que el Estado Argentino cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los DDHH ocurridas en nuestro país durante la última dictadura militar.” Los pedidos de las defensas, más que encuadrarlas en un “clima de época”, sostenemos que atrasan 40 años.

El Tribunal detalló los motivos por los cuales rechazó los pedidos defensivos sin ningún tipo de asidero jurídico, ni de ninguna índole, dejando a las defensas en evidencia de sus maniobras dilatorias, con falta de conocimiento y fuera de tiempo y lugar, de los que todos y todas los presentes dimos cuenta.

Posteriormente y luego de que el Tribunal diera las respuestas a lo presentado por las defensas, se dio comienzo a las declaraciones indagatorias de los acusados.

La mayoría de ellos no prestó declaración, a excepción de Arturo María QUINTANA y Carlos Alberto LOUGE. Ambos se explayaron durante un tiempo prolongado sobre su actuación dentro de la fuerza a la que pertenecieron, dando detalles de los lugares y puestos que ocuparon y tratando de desligarse de cualquier acusación que existe hacia ellos, algo que es en este momento del proceso la oportunidad para hacerlo, ya que básicamente se trata de un acto de defensa que tiene cualquier Reo.

Los Abogados defensores avisaron que la próxima audiencia declararan cuatro acusados más: Álvaro Hernán Hermello, Rómulo Illa, Herberto Rubatino y Ricardo Cesar Araujo.

Antes de concluir, las defensas pidieron la excarcelación para varios de sus defendidos por haberse, supuestamente, vencido las preventivas, y que aunque tienen prisión domiciliaria, van por más impunidad, tratando de lograr la libertad. El Ministerio Publico Fiscal se opuso y refutó los pedidos, comprobando que no están vencidas dichas preventivas y que todos tienen más plazo por cumplir, además del riesgo que implica una excarcelación en este momento del proceso.

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