Política 14 de Mayo

Hoy: Lectura recomendada

LA JUSTICIA DE LOS TRABAJADORES

Por Emiliano Vidal*

Si se trata de las interpretaciones de los acontecimientos al momento de investigar la historia reciente, en la consolidación de la legislación laboral y en la creación de un fuero especial para atender los conflictos del trabajo, la obra maestra en materia judicial del primer gobierno peronista fue la creación de los tribunales laborales. Los párrafos siguientes, son una primera descripción y la intención de profundizar en otros sucesivos, para conocer a una pieza fundamental de uno de los tres poderes de la República.

Juan Domingo Perón comprendió que para enfrentar el conservadurismo judicial proveniente de los años 20, debía generar pilares normativos que eviten naufragar la intervención estatal al momento de organizar a las masas obreras explotadas, más si la burguesía empresarial continuaba alentando el modelo agrícola/ganadero de exportación de materia prima a contrapelo del proyecto de república industrial. Así estaba sucedido con la ley federal del trabajo de 1931 en México y estaba ocurriendo en ese mismo tiempo con la aplicación de la Consolidación de las Leyes del Trabajo en Brasil.

La síntesis del movimiento trabajador en el 17 octubre de 1945, día que cambió el rumbo de la historia, se había gestado unos cuantos años antes. Con un mundo diezmado pos primera guerra mundial y tras la crisis económica de los años 30, dos engranajes comenzaron a mellar la entonces economía nacional: la sustitución de importaciones y las migraciones provinciales hacia la ciudad capital.

La primera inmigración ultramarina que deseaba Juan Bautista Alberdi, - autor del apotegma “gobernar es poblar”- no fue anglosajona ni de sangre germana. Españoles, rusos, polacos e italianos, trajeron además de sueños y hambre, la idea de que era necesaria una sociedad socialista, en una Argentina carente de industrias.

La llegada de los Borbones al trono de España generó una contramarcha en la dirección económica del Virreinato del Río de la Plata creado en 1776 e inclinó la balanza a favor de los intereses ingleses tras la sanción del “Reglamento de Libre Comercio” del año 1778, que no por casualidad fue puesto en marcha dos años después que las trece colonias británicas de la América del Norte lograran su independencia de Inglaterra, a quien le era imprescindible la conquista de nuevos mercados. Por estos lados, cuando se radicaron los primeros comerciantes ingleses y especialmente después, con el empréstito Baring Brothers de 1824, la Argentina pasó a vivir un período de país semicolonial que se interrumpió parcialmente con Juan Manuel de Rosas. Si esa flamante economía carecía de industrias fue porque Inglaterra subsumió las producciones regionales, Batalla de Caseros mediante, a su principal fuente de materias primas. Lo que sobrevino por décadas fue una lucha constante impulsada desde el principio por dos fuerzas matrices de tinte bien diferente: proteccionismo económico o librecambio comercial.

Con aquellos primeros inmigrantes y sus descendientes nacidos en estas tierras, un incipiente frente obrero crecía más allá de las influencias comunistas y de pequeños grupos trotskistas. Esos trabajadores comprendieron que la gestación de ese movimiento anhelaba una expresión sindical y política con anclaje alrededor del flamante secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón luego de la revuelta militar de junio de 1943 que ponía un final a la infamia tras la caída del radical Hipólito Yrigoyen.

La figura de Perón sobresale, quien en primer lugar adopta al olvidado Departamento Nacional del Trabajo, un organismo creado en tiempos roquistas por el jurista Joaquín V González, para elevar su rango a Secretaría de Trabajo y Previsión, en sintonía directa con la presidencia de la Nación. Esa jerarquización y redimensionamiento de la presencia estatal, no solo acercó a los principales referentes de un movimiento obrero incipiente y desorganizado sino que se propuso completar un enorme vació legal en tres ejes: control, regulación y creación de un foro específico para la solución de conflictos laborales, mediante la sanción del denominado decreto-/ley 32.347/44 y ratificado por la ley 12.948 en1947, a través del cual se constituyó la Justicia Nacional del Trabajo con jurisdicción en la Capital Federal.

Con Perón al frente del Ejecutivo nacional y efectuado el proyecto de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que había alabado el golpe de 1930 –elaborado por un joven diputado oficialista Rodolfo Decker –se destituyó a los jueces Antonio Sagarna, Roberto Repetto, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía. Paulatinamente, los tribunales del Trabajo fueron superando los cepos constitucionales para establecerse con carácter de juzgados federales en toda la Nación. El paso siguiente del gobierno peronista, fue invitar a las provincias a suscribir un tratado de administración de justicia para organizar tribunales laborales en todo el país. Era la justicia social en su máxima expresión.

Las PP: Poder Judicial y primer peronismo

Rápido de reflejos, desde el Departamento Nacional de Trabajo, Perón desempolvó los mecanismos de conciliación y arbitraje en todas sus dependencias a lo largo de la geografía nacional, que si bien estaban vigentes desde la creación del organismo en 1912, se convirtieron a partir de 1943 en una verdadera primera instancia obligatoria de resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Si bien su intervención no era vinculante, estas comisiones cumplieron un rol clave en los albores de la reforma laboral peronista: en esos estrados los trabajadores no sólo eran asistidos gratuitamente en los procesos por abogados de la Secretaría, sino que eran informados sobre sus derechos y asesorados para las sucesivas instancias judiciales.

La sanción del Estatuto del Peón Rural, -en un sector de peores condiciones laborales- se encuentra en esa línea, mediante la puesta en marcha de las denominadas cámaras paritarias de conciliación y arbitraje obligatorio, que funcionaban en el seno del Ministerio de Agricultura. Ya ungido secretario de Trabajo, Perón había decretado en 1943, la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento rurales, además del congelamiento de los cánones y la suspensión de los desalojos, con el objeto de solucionar la inestabilidad crónica de la vida de los chacareros. La clave de la eficacia y de la perdurabilidad de esas medidas fue el accionar de las cámaras paritarias, a las que la ley de arrendamientos de 1948 había conferido competencia exclusiva en todos los conflictos que se suscitaran con los terratenientes.

Hacia los años 40 existía en la Argentina un inventario de leyes protectoras del trabajo, que sin ser numerosas, fueron el pilar de avances en materia jurídica, como la noción del contrato libremente consentido por las partes y la idea de la justicia social e igualdad de oportunidades entre capital y trabajo.

La Secretaría y los primeros juzgados del Trabajo fueron un sostén de la política laboral del peronismo y el eslabón final de un correlato histórico que había comenzado desde las primeras posiciones políticas, sociales y profesionales, con especialistas como el citado Joaquín V. González, fundador de la Universidad de La Plata y autor del primer proyecto de Ley Nacional del Trabajo en 1904, el socialista Alfredo Palacios, quien desde su ingreso a la Cámara de Diputados de la Nación en 1902 impulsó diversas leyes laborales específicas, José Nicolás Matienzo, primer director del Departamento Nacional del Trabajo en 1907 e Indalecio Gómez y Carlos Saavedra Lamas, autores de sendos proyectos de códigos laborales en las décadas del veinte y del treinta, , más el trabajo del abogado y médico Juan Bialet Massé, autor de un estudio exhaustivo sobre las clases obreras del país encargado por el Congreso de la Nación.

La puesta en marcha de los Tribunales del Trabajo argentinos por parte de los gobiernos peronistas formó parte de un proyecto más amplio que la sola intervención estatal en el ámbito judicial. La conformación de la justicia laboral fue así el golpe de gracia de la política social peronista y el máximo desafío al estado burgués. No sólo se trataba únicamente de instalar un poderoso instrumento jurídico de reivindicación del trabajo y los trabajadores, sino que plasmaba institucionalmente la novedad del derecho de y para los trabajadores, largamente resistido.

Desde una especie de primer prefacio, estos párrafos intentan y proponen describir al fuero de los trabajadores, uno los pilares del siempre tan criticado Poder Judicial nacional, que sin someterse al veredicto de las urnas, fluctúa entras las decisiones legislativas y las intenciones políticas y ejecutivas.

Si entre el ayer y el presente hay una filiación tan estrecha que interpretar el pasado no es otra cosa que ocuparse del hoy, en un año de elecciones legislativas y presidenciales, es de enorme utilidad comprender los caminos de la justicia laboral y las constantes luchas de los trabajadores y funcionarios que lo componen. Conocer para saber, saber para querer y querer para ser, serán siempre pasos que hacen el crecimiento de un país.

*Abogado

Material utilizado: Investigaciones del especialista Juan Manuel Palacios.

Fuente: OPINARG

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