El negacionismo condenado por Europa

LOS FALSIFICADORES DE LA HISTORIA

  • 1 de Agosto
  • Internacionales
Por La otra campana
negacionismo

A fines de enero de 2017, Juan José Gómez Centurión se convirtió en el heredero mediático de Lopérfido, en un debate televisivo. El veterano de Malvinas, carapintada, ex Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control de la CABA y Director General de Aduanas de la Nación Argentina; planteó que "la desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8 mil personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras".
El director de la Aduana negó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura: "Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra. Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el ‘75 con una orden constitucional de aniquilamiento".
Una respuesta periodística desde el archivo, que tiene un gran valor agregado en la fuente. El 24 de marzo de 2006, el diario La Nación publicó con la firma de Hugo Alconada Mon, “El Ejército admitió 22.000 crímenes”. La nota planteaba que “Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia”.
El diario plantó que “El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University”.
Nilda Garré desde su banca en la Cámara baja, se encargó de la respuesta política al nuevo capítulo del negacionismo PRO que encabezó Gómez Centurión, a través de un proyecto de ley para incorporar al código penal, sanciones para los que públicamente negaran, minimizaran, justificaran o aprobaran, cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad (seis meses a dos años y con multa de 10 mil a 200 mil pesos. La pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años).
"En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina", fundamentó la ex ministra de Defensa y Seguridad.
El planteo de Garré se apoya en los antecedentes de aquellas naciones que padecieron genocidios y que establecieron la defensa de la memoria, con status legal.
Una histórica resolución de las Naciones Unidas de agosto de 1985, generó que en la década del ’90, Europa construya una defensa parlamentaria sobre su pasado. La Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU, reconoció el genocidio armenio, como el primero del siglo XX. La medida se transformó en una bisagra, en la lucha por memoria, verdad y justicia.
Francia prohíbe desde 1990, a través de la ley que propuso el diputado comunista, Jean-Claude Gayssot, toda expresión "racista, antisemita o xenófoba" y contempla al menos tres años de cárcel a los negacionistas o personas que expresan dudas sobre el exterminio judío. En 2006, el Senado francés aprobó un proyecto que penaliza la negación del Genocidio Armenio. La ley “Igualdad y ciudadanía”, prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia.
Austria condena desde 1992, con penas de hasta diez años de cárcel al negacionismo; Bélgica aprobó en el ’95, una norma que prohíbe el apoyo, justificación o negación pública del Holocausto y Alemania tipificó en su código penal como "incitación al odio", la negación o dudas del holocausto en público. Leyes similares existen en Israel (cinco años de prisión), Suiza, Rumania, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovaquia, Holanda, República Checa, Lituania, Canadá, Liechtenstein y Sudáfrica.
El padre de los negacionistas, es Paul Rassinier. Cinco años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, publicó “La mentira de Ulises”, libro en el que desmiente la existencia de cámaras de exterminio en Alemania. Rassinier construyó su verdad, visitando el campo de Buchenwald (funcionó desde julio de 1937 hasta abril de 1945, en la colina de Ettersberg) y su anexo Mittelbau-Dora (creado en agosto del ’43 y liberado por las tropas estadounidenses, en abril de 1945); donde no existían las cámaras. Como si se tratara de una hipótesis matemática, multiplicó el caso por todos los campos de concentración nazi de Europa Oriental.
El Instituto para la Revisión Histórica de Estados Unidos, creado por algunos fundadores del Partido Nacional Británico, fue la principal usina negacionista del planeta. No trabaja en una reinterpretación de los hechos, sino en la creación de mitos y relatos, que construyen un pasado paralelo.

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