ORLY TERRANOVA
UN EMPRESARIO INCOMPATIBLE
CON LA LIBERTAD DE PRENSA

  • 1 de Octubre
  • Política
Por Gustavo Campana
Tweet de Orly Terrenova

"Están volviendo a paso firme sensaciones que habían pasado al archivo, pero que nunca fueron olvidadas. La siembra de miedo, otra vez amenaza con una cosecha record de Terrorismo de Estado. Ahora el terror no se traslada en Falcón verdes o en las camionetas del los Grupos de Tarea; se gesta en despachos oficiales cargados de gerentes privados que nunca dejarán de serlo y que disciplinan a la población, con censura, despidos y represión. Sabíamos que con Macri estaba asegurado el regreso a los '90, pero nadie podía imaginar la torpeza de volver tan rápido a los '70. Juegan con fuego, seguros que nunca se van a quemar; casi convencidos que este apagón de derechos, es un pedido a gritos del pueblo. Hay que avisarle al pastorcito que el lobo empezó a comerse las ovejas...
La libertad de expresión, es la madre de todas las libertades. Cuando terminan con la palabra, desde la "suma del poder público", cuando muere el derecho a la información, cuando terminan con la opinión crítica; todas las demás libertades están en terapia intensiva.
Hoy a las 09:00 de la mañana, se produjo la noticia que mañana no publicará en tapa la prensa hegemónica. La noticia que hoy festejan en privado, sabiendo que lastimaron donde duele. Seguramente la decisión de Radio Continental, no aparecerá en el Boletín Oficial, pero en realidad, se trata de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia; porque no aguantaron un día más...
La integridad humana y periodística de Víctor Hugo Morales, fue demasiado para este tiempo que necesita silencio cómplice. En el reino de Magnetto, en la tierra de las corporaciones, todo tiene que tener el mismo color. La democracia vuelve a ser un sueño, después de 32 años. Como cantaba el Tano, 'las cosas se cuentan solas, sólo hay que saber mirar' y parece que a esta puerta del río, otra vez le apuñalaron el sol"
(Editorial de "Uno nunca sabe"-AM750, 11 de enero de 2015).

Desde el 10 de diciembre de 2015, otros finales abruptos de voces opositoras tampoco aparecieron registradas en el Boletín Oficial; pero también fueron redactados en formato DNU, por un gobierno que solo puede seguir adelante, matando la denuncia que lo desnuda. El caso Navarro, fue el último. La Rosada y los nuevos dueños, pidieron como condición para abandonar la persecución a Cristóbal López y tomar la señal, que la pantalla de C5N se libere de las investigaciones que desnudan a gobernantes, familiares, amigos y gerentes. El Grupo Terranova suena con fuerza, como el nuevo dueño de la señal. La derecha mendocina coparía un segundo canal, después del desembarco de Vila-Manzano por América. Y de pronto, un viejo mensaje de Orly Terranova en twitter (piloto de rally, candidato del PRO en elecciones locales en Mendoza, en el año 2010), lo muestra incompatible con el futuro manejo de un medio de comunicación. “Las boludeces que dicen!!! Un pibe loco buscando problemas que aún no se sabe donde está, pueden haber pasado cien cosas!!!”. Apriete mafioso contra el viejo dueño, para que saque del aire a Navarro y condicione el futuro del resto de las voces, en el canal, Radio 10, Ambito Financiero y las Fm Vale, Pop y Mega. Por último, el desembarco de la derecha en el multimedios, para crear un nuevo satélite del discurso único y contribuir a transformar la democracia en una comparsa del poder real. “Limpieza ideológica" para matar la libertad de prensa y dejar la línea editorial en manos de las necesidades del neoliberalismo (Luis Novaresio gerente de contenidos y María Julia Oliván como una de las nuevas conductoras). La relación entre el oficialismo y el grupo Terranova (creadores del portal el portal MDZ Online), es de vieja data. En 2013 funcionarios del PRO fueron denunciados por haber otorgado a Publicidad Sarmiento SA, empresa del padre de Orlando Terranova. Un contrato por 75 millones de pesos, que los mendocinos “escondieron” en documentación trucha, al servicio de la evasión fiscal.
En 2015, los Terranova fueron aportantes de la campaña de Macri en las primarias (240 mil pesos), un aporte ilegal por ser proveedor de la CABA (contratos por casi 900 mil pesos).

MANEJAR LA PALABRA: VIEJO METODO DE CONTROL SOCIAL

La derecha con todos los medios a su disposición o los liberales recibiendo órdenes del poder mediático (una ecuación donde el orden de los factores altera muchísimo el producto), repitió las 24 horas durante 12 años, que había que temerle al que decía haber sacado al país, del segundo infierno neoliberal de nuestra historia. Millones de argentinos que sin proyecto de país, habitan muy cómodos el reino del individualismo al que fueron arreados, son blanco desde 2003 de la construcción cotidiana de un país paralelo. Son los peores analfabetos, los analfabetos políticos (Bertolt Brecht); son los que aferrados al mensaje de los medios de comunicación, terminan amando al opresor y odiando al oprimido (Malcom X). La construcción cotidiana de una realidad paralela, primero a través de la masividad de medios claves en el comienzo de este proceso y luego de la mano del monopolio informativo (Papel Prensa, creación de multimedios, privatización de canales y radios en los ’90, surgimiento de los canales de noticias y concentración de la televisión por cable); el sistema democrático operó bajo amenaza. El triángulo que conforman poder económico, prensa hegemónica y familia judicial; es una máquina de destrucción perfecta. Saqueo, maquillaje mediático y legitimación en Tribunales.
Hombres y mujeres cercados por un hermético corralito informativo, sólo comparable con los efectos del seudo periodismo controlado por la última dictadura. Aquel mensaje, era impermeable a las respuestas. La rectificación del relato, nunca horadaba el escudo civico-militar y siempre quedaba el último recurso de la muerte, para garantizar el silencio. Hablados y pensados por los medios, se convirtieron en enemigos de la razón y destruyeron su propio archivo. En síntesis, sin los medios separando de la verdad a millones de seres humanos, la derecha no podría haber avanzado con tanta facilidad sobre derechos y bienes colectivos.

LEY DE MEDIOS: DEL SUEÑO DE LA PLURALIDAD, AL REGRESO DEL DISCURSO UNICO

“Una ley no puede limitar la voluntad del presidente”, sentenció desde un estante secreto de la biblioteca judicial, Oscar Aguad. Declaración de guerra a la división de poderes, a través de la instauración de una monarquía light y el sueño de un Congreso congelado, subordinando a los deseos de Macri. “Los medios van a volver a competir libremente en el mercado”, sentenció el ministro de Comunicación, luego de terminar con la Ley de Medios.
Una constante del neoliberalismo, a través de cuatro décadas: su obsesión por los medios de comunicación. El 24 de marzo de 1976, las tres armas tomaron los canales y las radios, para quedarse con toda la televisión abierta y casi todo el dial. A los diarios los “compró” con Papel Prensa. La primera privatización menemista, fueron los medios de comunicación y a poco de asumir Macri, el objetivo fue terminar con la Ley de Medios.
El cordobés sabía perfectamente que la voracidad monopólica del pez más grande, transformó a la democracia argentina en una mera formalidad y con su firma, contribuyó en los primeros días de la restauración conservadora, a la profundización de la concentración mediática.
Cambiemos desconoció desde que puso un pie en la Rosada, la sentencia de la Corte Suprema que estableció que las características de la nueva ley, no afectaban la libertad de expresión. Con autoritarismo explícito, devaluó los roles del Poder Legislativo y Judicial y de un plumazo y Argentina retrocedió cuatro décadas en los estándares internacionales. La restauración conservadora se cargó en 14 días, por decreto y del brazo de la Justicia cómplice, a la Ley de Medios.
El juez federal, Julián Ercolini, casualmente el mismo que durmió durante cinco años la causa Papel Prensa (delitos de lesa humanidad), ordenó a la Policía Federal el desalojo de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo a una velocidad no habitual, después de resolver en muy pocas horas, el pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien con la misma rapidez que atendía los privilegios de Rafael Di Zeo, cuando era el encargado de la seguridad de Boca; dio curso a la solicitud del nuevo interventor, Agustín Garzón, contra Martín Sabbatella. La puesta en escena, rodeando de policías el edificio de Suipacha, demostró rápidamente, que el modelo necesita uniformes.
No hubo causalidades. Venían trabajando por este objetivo, desde hacía muchísimo tiempo, cuando congelaron con cautelares el avance de la madre de todas las batallas. En una entrevista de Federico Poore (Buenos Aires Herald) a Edison Lanza (26 de diciembre de 2015), el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, aseguró que el propósito de Macri es conformar un organismo “a imagen y semejanza” del partido ganador, lo que atenta con la autonomía de la AFSCA que garantizaba Sabbatella al frente del directorio y un regreso “al momento en que los gobiernos manejaban la oficina”. Lanza contó que están “siguiendo esta situación en la relatoría y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y que sin dudas la intervención “se hizo sin usar el mecanismo para la remoción del directorio, que indica la ley”.
“La estructura de la AFSCA es uno de los aspectos positivos de la ley”, habían coincidido los relatores de libertad de expresión, de Naciones Unidas y de la OEA. “Argentina había establecido por primera vez, convirtiéndose en pionera en la región, un organismo con participación de la oposición, de la sociedad civil, de las ciudades… Eso es un adelanto”, sentenció Edison Lanza.
La espada de Clarín que el domingo 27 de diciembre, pegó en nombre de Magnetto, es Ricardo Roa. “La ley de Medios nació como una venganza y creció como un negocio. La farsa de la democratización de los medios, terminó con otra farsa: la caricatura de resistencia que hizo Sabbatella”. El encargado de demonizar al ex intendente de Morón en La Nación del mismo día, fue Joaquín Morales Solá: “Cristina le ordenó a Sabbatella que resistiera en la AFSCA, como si se tratara de Sierra Maestra. Un juez sensato lo dejó a Sabbatella sin el cargo, sin el sueldo y sin la revolución”.
Mediante un comunicado en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó a los apoderados de Clarín, a reunirse el próximo 12 de enero en asamblea extraordinaria. ¿Para qué? Para modificar a su gusto, el Plan de Adecuación, que ordena la Ley para terminar con el monopolio. Para aclarar, a propios y a extraños, que el derecho a la información, volverá a manejarlo únicamente el mercado.
Mientras el discurso único se profundizaba, aparecieron otros dos botones de muestra, para confirmar que en el reino de la palabra oficial, las voces opositoras no tenían lugar. En primer lugar, el fiscal federal, Horacio Azzolín, a cargo de la investigación por el hackeo que dejó a Página/12 fuera de circulación en la web, durante casi toda la última semana de diciembre de 2015, determinó que al menos 3 mil direcciones de IP que formaron parte del ataque, salieron desde Fibertel, la compañía proveedora de internet del Grupo Clarín...
Después de terminar con la Ley de Medios y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Aguad, constituyó la comisión encargada de redactar el anteproyecto para unificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Telecomunicaciones, cumpliendo con los deseos del presidente Mauricio Macri. “Esta comisión convocará a consumidores (palabra que regresa al concepto Videla, de la comunicación como mercancía), sindicatos, cámaras, periodistas, intelectuales y a especialistas para la redacción de un marco regulatorio moderno que contemple las nuevas tecnologías”, señaló el ministerio en un comunicado.
Nombró como coordinadora de la comisión a la directora del Enacom y ex diputada radical Silvana Giúdici (empleada virtual del Grupo Clarín) y como integrantes al filósofo Santiago Kovadloff; al especialista en derecho a la comunicación, Andrés Gil Domínguez; el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici; el director del Enacom, Alejandro Pereyra y al vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar.
Luego de recorrer un largo camino de debates y audiencias públicas por todo el país (24 foros), el 21 de octubre de 2009, Cristina Fernández de Kirchner anunció la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.552). En agosto de 2009, el Ejecutivo mandó el proyecto a la Cámara de Diputados. La medida fue aprobada por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención. En Senadores, se impuso con 44 a favor y 24 en contra.
El proyecto se basó en los 21 puntos presentados en 2004, por la Coalición por una Radiodifusión Democrática; un grupo conformado por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias y comerciales y organismos de derechos humanos.
1.Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3. Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6. Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8. En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9. Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10. No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15. La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20. Se creará la figura de la “Defensoría del público”, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
La norma más discutida de la historia democrática argentina, dentro y fuera del recinto, se transformó en una de las leyes más recomendadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos; con el fin de crear condiciones similares en los países afectados por monopolios informativos o jaqueados por posiciones dominantes.
Habían pasado 29 años, desde aquel decreto del general Jorge Rafael Videla (Ley Nacional de Radiodifusión 22.285, promulgada el 15 de septiembre de 1980 y basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional), que rigió con perfume dictatorial el desarrollo de las comunicaciones, en la Argentina de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Néstor Kirchner. Aquella herencia de facto, entendía a la información como un bien del mercado, negando la tenencia de un medio, a cualquier entidad civil sin fines de lucro.
Los cambios de 2009, proponían revolucionar el sistema público y privado de los medios audiovisuales y abrir la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto, como “productores activos de la comunicación social”.
La multiplicación de cautelares en despachos amigos del Grupo Clarín y la negación de Magnetto de adecuarse al nuevo formato, dilataron 5 años la implementación total de la Ley.

PLIEGO DE CONDICIONES DEL PODER

Las órdenes de Clarín: Seis medidas encabezan el listado de exigencias de Héctor Magnetto, para que la restauración conservadora en la Argentina, se siga llamando Macri. En primer lugar y a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente destruyó la Ley de Medios y reemplazó la AFSCA por el ENACOM. De esta forma, anuló el proceso de desinversión, al que estaba obligado Clarín por la ley de 2009. El segundo paso, dispuso que las compañías de telefonía básica y móvil, las competidoras de Cablevisión, solo podrán ofrecer televisión por cable el 1 de enero de 2018. Luego aprobó la compra de Telecom por parte de Clarín, a través de Fintech (David Martínez, México), el socio minoritario de Cablevisión.
En marzo de 2016, Cambiemos autorizó la compra de la filial de Nextel y poco después compró cinco telefónicas pequeñas que ofrecían servicios de datos y pidió al Ejecutivo, que lo habilitara a usar el espectro de esas firmas, para brindar 4G. Con relación a la caja, Clarín es el primer beneficiario de la pauta oficial, con 519 millones de pesos en 2016. Ultimo acto, Macri le permitió a Magnetto volver a quedarse con el fútbol a través de Fox-Turner.
Como durante la dictadura y el menemismo, Clarín paga muy bien cada uno de estos favores: silencio cómplice y construcción de una realidad paralela, donde la verdad tiene la entrada prohibida.
"Tribuna de doctrina" por cable: En los últimos días de marzo de 2017, el Ente Nacional de Comunicaciones dictó resolución, otorgándole a LN+ (señal del Diario La Nación) el status de señal de noticias nacionales. Esto obliga a todos los cableoperadores del país a incorporar dicha señal a su grilla.
Postergación sin fin: A principios de abril de 2017, la Coalición por una Comunicación Democrática criticó la decisión adoptada por Oscar Aguad, de postergar por 180 días y hasta después de finalizado el actual periodo de sesiones ordinarias del Congreso, la presentación del anteproyecto de ley destinado a unificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078), parcialmente derogadas vía decreto de necesidad y urgencia (DNU 267) por el presidente Mauricio Macri. La Coalición subrayó “una nueva afrenta del Gobierno a los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia del 8 de abril de 2016, donde se señaló que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión estaban en riesgo por decretos que afectaban las garantías de inclusión, diversidad y pluralismo en las comunicaciones en Argentina”.
El comunicado señala que el Gobierno “ha convertido lo provisorio en permanente” y agrega que “lejos de buscar el proclamado consenso, el Ejecutivo se dedicó al dictado sistemático de actos administrativos sin sustento legal suficiente, creando un contexto de inseguridad jurídica”.
La nueva postergación fue adoptada mediante la resolución 601/2017 del Ministerio de Comunicaciones e implica que el Ejecutivo, mediante resoluciones y decretos, seguirá administrando las comunicaciones en el país sin marco regulatorio alguno y sin la intervención del Congreso. Refiriéndose al DNU dictado por Macri, la CCD asegura que el mismo “gubernamentalizó la autoridad regulatoria, disolvió los órganos de representación federal y sectorial y puso en funciones una administración opaca y arbitraria que gestiona la comunicación como un negocio y no como un bien social”.
Cacería de medios: El 6 de abril de 2017, el Gobierno nacional emitió a través del Ente Nacional de Comunicaciones, una resolución que le permite al organismo el decomiso y el cierre de medios de comunicación. El texto expresa que puede “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario.”
Ercolini el verdugo de la causa Papel Prensa: La historia de Papel Prensa, fue escrita con tinta roja. La empresa de los Graiver fue uno de los tantos objetivos económicos civiles, sobre los que la dictadura puso sus garras; pero este tenía un condimento muy especial. La Junta manejaba la televisión abierta de punta a punta; las radios que no eran estatales, miraron para otro lado hasta el fin de la guerra de Malvinas y con Papel Prensa, garantizaron el silencio cómplice de los principales diarios de la Argentina.

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