Una historia escrita con tinta roja

ERCOLINI EL VERDUGO DE LA CAUSA PAPEL PRENSA

  • 1 de Agosto
  • Argentina
Por La otra campana
Inauguración planta Papel prensa

La historia de Papel Prensa, fue escrita con tinta roja. La empresa de los Graiver, fue uno de los tantos objetivos económicos civiles, sobre los que la dictadura puso sus garras; pero este tenía un condimento muy especial. La Junta manejaba la televisión abierta de punta a punta; las radios que no eran estatales, miraron para otro lado hasta el fin de la guerra de Malvinas y con Papel Prensa garantizaron el silencio cómplice de los principales diarios de la Argentina.
A principios de octubre de 2016, un grupo de Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, se presentó en el despacho del juez federal Julián Ercolini, para reclamarle que cite a declarar a Héctor Magnetto. La causa cajoneada cinco años, congeló los pedidos de los querellantes Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover, quienes denunciaron que fueron obligados a ceder el paquete accionario de la compañía a una sociedad mixta integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Ambos fueron secuestrados y torturados, tres meses después de la “muerte-asesinato” de David Graiver.
El magistrado recibió a las Madres, prometió justicia y se sacó de encima la postal mediática en Comodoro Py.

Las respuestas del pasado

La historia oficial habló de un accidente aéreo, pero la hipótesis del asesinato sigue viva. El 7 de agosto de 1976, en Chilpancingo, México; se estrelló el avión en el que viajaba David Graiver y a partir de ese momento, la dictadura se lanzó a la caza de uno de los grupos económicos nacionales, más poderosos de la época (33 empresas y 2.500 obreros).
La esposa del empresario, Lidia Papaleo y su hija de dos años, María Sol, estaban en México, cuando murió Graiver. El resto de su familia más cercana, residía en Argentina: Eva y Juan, sus padres; Isidoro su hermano y Lidia Brodsky, su cuñada. También Jorge Rubinstein, su mano derecha.
En 2010, Lidia declaró que en una reunión social en México, en la hacienda de Gabriel Alarcón, uno de los hombres de negocios más importantes del país, le aconsejó a su esposo: “David, vendé Papel Prensa porque te costará tu vida”.
En 1968, los editores de diarios y revistas, impulsaron la creación de una papelera nacional. Argentina estaba entre los primeros importadores de papel del mundo y era necesario sustituir importaciones, para evitar que la imposición de cupos u otro tipo de restricciones, limite la acción comercial.
La dictadura lanzó la licitación internacional (el 26 de marzo de 1971 asumió el General Lanusse y cinco días después, concretó la invitación para la instalación de una o más plantas productoras de papel). Pero el llamado fue declarado desierto y al año siguiente, el proyecto fue encomendado en forma directa a la sociedad anónima Papel Prensa, que entonces estaba formada por Editorial Abril (César Civita), César Doretti y la constructora Tauro.
En el ’73, los accionistas originarios le vendieron la mayoría del paquete, a David Graiver. Después del golpe del 1976, nació la sociedad entre las tres armas y los tres diarios. Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti (los dictadores de uniforme), Clarín, La Nación y La Razón (los nuevos guionistas del Proceso). La dictadura puso su aparato represivo al servicio de la compra de la empresa y los medios, pagaron con silencio.
Para salvar las formas, las tres empresas periodísticas constituyeron la sociedad anónima FAPEL y nombraron presidente a Manuel José Benito Campos Carlés y vicepresidente, a Héctor Magnetto.
La Junta inició su plan de presión sobre los Graiver y les ordenó vender, pero con una condición: ni a extranjeros, ni judíos. A Lidia se lo transmitió Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa.
El 3 de noviembre al mediodía, debía concretarse una asamblea del directorio de Papel Prensa, para tratar la transferencia de las acciones clase A, de los socios fundadores al Grupo Graiver. Si los Graiver no conseguían la cesión, corrían el riesgo de "no obtener el reintegro del precio abonado al grupo vendedor, más los intereses y actualizaciones, así como las importantes inversiones para continuar con la construcción de la planta industrial.
Lidia Papaleo recibió un llamado de Miguel de Anchorena, el abogado de la familia y le advirtió que Francisco Manrique, ex ministro de Bienestar Social (1970-1972) e íntimo amigo de David, le había dicho que la Junta vería con agrado la liquidación del Grupo. Por lo tanto, la “invitaban” a vender también los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, Banco de Hurlingham y el control accionario de Papel Prensa. Anchorena agregó que los compradores lógicos, eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón.
A las tres armas y a los tres diarios, les faltaba conseguir las acciones de Rafael Ianover, el vicepresidente de la empresa. El hombre de confianza de David Graiver atendió la orden militar que le llegó a través de Peralta Ramos: “tenés que vender”. El empresario preguntó por su libertad y le plantearon que si accedía a transferir las acciones, su seguridad no corría riesgos. Vendió y el 12 de abril, fue secuestrado.
Los directores de los tres diarios presionaron a Isidoro Graiver, en las oficinas de Clarín; pero le ofrecieron un precio tan irrisorio, que no hubo acuerdo. La segunda reunión fue en la sede de La Nación, en la calle Florida. El 2 de noviembre de 1976, un día antes de la asamblea, los Graiver “vendieron” bajo presión.
Juan y Eva, los padres de Graiver y Lidia Papaleo, se presentaron en el estudio de Anchorena. En nombre de FAPEL, apareció Benito Manuel Campos Carlés. Transfirieron 985.907 acciones clase C y 3.800.000 acciones clase E, de Papel Prensa; en 996 mil dólares (7 mil se depositaron ese mismo día; otros 7 mil serían depositados dentro de los treinta días y el saldo de 981 mil dólares, tres meses después). Luego los diarios se cedieron a ellos mismos, las acciones clase C y E: 33,33%, para cada uno.
Pero un detalle, lo complicó todo: la sucesión de los Graiver. La transacción se hizo "ad referendum de la autorización judicial".
La dictadura, a través del decreto ley 18.312, creó el "Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa", en base a la grabación impositiva del 10% a las importaciones, que hacían todos los diarios del país. Este impuesto se mantendría hasta la puesta en marcha de la planta nacional. Los militares pidieron a los tres diarios, el ingreso al negocio del resto de los periódicos del país y sugirieron que les ofrecieran "hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo". Pero Clarín, La Nación y La Prensa, no aceptaron, querían el monopolio de la fabricación. El 18 de enero de 1977 se concretó la asamblea extraordinaria de los nuevos accionistas y se aprobó la “compra” de los tres diarios.
Pero los militares y los empresarios, aún necesitaban de los Graiver, porque la compra se había hecho ad referendum de la aprobación del juez que llevaba la sucesión; un expediente que acumulaba informes sobre la valuación de las acciones de Papel Prensa y del resto patrimonial del empresario. El 9 de marzo de 1977, por orden de la dictadura, Lidia presentó un escrito en el que pidió la aprobación de la venta de las acciones clase C y E. Pero el juzgado no resolvió nada.
Los militares la secuestraron, en el marco del "Operativo Amigo", conducido por el coronel Ramón Camps. "A mí me dijeron que tenía que vender todo, no hubo sugerencias, fue 'firma o te mato'. Mi nombre de desaparecida era 'la impura' porque me había acostado con un judío. A mí me llevaron a La Nación, me acuerdo más de los ojos y de la cara de Magnetto, que la de mis torturadores. Magnetto me dijo que no había más opción que vender Papel Prensa o perdíamos la vida mi hija y yo", aseguró Lidia Papaleo, al declarar en 2012, en el juicio contra los torturadores de Puesto Vasco, donde fue salvajemente torturada.
Las secretarias del grupo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi también fueron secuestradas. Tres días después, corrieron el mismo destino Isidoro, Juan y Eva Graiver, Rafael Ianover y el abogado Jorge Rubinstein, quien falleció como consecuencia de las torturas.
El 19 de abril de 1977, la Junta Militar blanqueó el secuestro de los integrantes del clan Graiver y le impuso las sanciones establecidas en el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, a "Juan, Isidoro, Lidia y Rafael Ianover" y a los fallecidos David Graiver y Jorge Rubisntein, "en lo que respecta a los bienes sucesorios". Imputados por sus presuntos vínculos con Montoneros, la Junta Militar pasaba a administrar los bienes de los Graiver, a través de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, creada con ese fin. Además de perder la ciudadanía, los Graiver tenían "la prohibición de administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos". Era la coartada legal, para borrarlos definitivamente del negocio que para ese entonces ya administraban Clarín, La Nación y La Razón.
El 2 de diciembre de 1977, el agente fiscal Juan Carlos Forestier le recordó al juez a cargo de la sucesión que él pasaba a ser la nada misma. Que cualquier resolución que dictara era "inoficioso y carente de contenido (...) ha de recordarse que por la ley 21.618 Papel Prensa, intervención, atribuciones del veedor interventor, se intervino la sociedad Papel Prensa y que el funcionario designado a ese efecto debe investigar el origen, en cada caso, de! capital de compra de las acciones de las personas jurídicamente (...) y debía determinar la legitimidad de las mencionadas operaciones".
A esta altura del partido, para la Junta Militar todavía no estaba claro qué bienes de los Graiver serían considerados legítimos y las acciones de Papel Prensa estaban dentro de ese esquema. Por eso, los Graiver eran torturados una y otra vez e interrogados sobre su patrimonio. No solamente sobre sus relaciones con la guerrilla: querían los datos comerciales, el documento secreto del Consejo de Guerra Especial Estable número 2, Comando Zona I, del Ejército Argentino, que hoy se conoce por primera vez.
Título principal de la tapa del jueves 14 de abril de 1977: “SON QUINCE LOS DETENIDOS POR EL CASO GRAIVER: El Ejército informó que están a disposición de las autoridades militares, quince personas vinculadas con el caso Graiver”.
El segundo dato más importante de primera plana, del miércoles 20 de abril de 1977, decía: “CASO GRAIVER: FUE APLICADA LA JUSTICIA REVOLUCIONARIA”.
La noticia más importante, de la tapa del jueves 19 de mayo de 1977, planteaba: “REUNION DE LA JUNTA MILITAR”, para analizar “La concurrencia argentina a la Asamblea de la OIT, el nombramiento de un nuevo ministro de Educación, el caso Graiver y ALUAR”.
Fue una portada histórica, que bajo el título “A LA OPINION PUBLICA”, explicó en un recuadro a cuatro columnas, por todo el largo de la tapa, que “La Nación, Clarín y La Razón, adquirieron las acciones clases A de Papel Prensa S.A., previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe. Esta conformidad, fue luego ratificada por el voto afirmativo del Estado, en la Asamblea del 18 de enero de 1977, que aprobó las transferencias accionarias a favor de los tres diarios”.
El comunicado finalizaba diciendo, que “Como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado”.
El martes 1 de agosto, anunció que “INAUGURARON LAS INSTALACIONES DE PAPEL PRENSA: El secretario de Desarrollo Industrial, el doctor Raymundo Podestá, cortó la cinta simbólica en el acto de habilitación de las instalaciones de Papel Prensa, en San Pedro”. El patrimonio de los Graiver y la sucesión de David eran razón de Estado. De hecho, es la CONAREPA la que resuelve la venta, por intermedio del Banco Nacional de Desarrollo, de la totalidad de los cupones correspondientes a las acciones de Papel Prensa que tenía en custodia la institución. El asesor de menores, tutor de María Sol, porque su madre estaba detenida, presta conformidad. Y da puntapié a un ida y vuelta entre el Banco y la CONAREPA increíble para el abogado de los Graiver, Horacio Roldan. El 20 de marzo de 1978 Roldan presenta un escrito en el juzgado denunciando que "le imponen a mis representados la prohibición de administrar y disponer de su patrimonio libremente, en abierta contradicción al artículo 14 de la constitución (...) Es imprescindible para mis mandantes determinar fehacientemente quién o quiénes son los llamados a entender en el sucesorio en forma real y objetiva".
Y ante la CONAREPA se presentaron La Nación, Clarín y La Razón, el 14 de junio de 1978, para reconocer la autoridad de la Junta Militar, aún por encima de la Justicia. Los tres diarios legitimaban el horror.
El asesor de menores César Hernán Cozzi sostuvo que "los herederos de Graiver están inhibidos para administrar los bienes componentes del haber hereditario hasta que no se acredite la legitimidad en su adquisición (...) como consecuencia de esta excepcional situación resulta que en la especie existe un sucesorio sin patrimonio (...) al no existir haber hereditario, no se justifica tomar las medidas en salvaguarda de bienes que aún se ignora si pertenecerán a los herederos o no".
Lo mismo consideró el juez Molteni, a cargo de la sucesión, el 15 de agosto de 1978. Y la Cámara, integrada por Jorge Escuti Pizarra, Feliz de Igarzábal y Alfredo Di Pietro. "Hay un significativo error conceptual de considerar al Código Civil de jerarquía superior (...) frente a la claridad del texto enunciado y a lo dispuesto por la resolución 3 de la Junta Militar no cabía otra solución (...) ello no importa la desprotección jurisdiccional de los recurrentes. (...) El Tribunal de este proceso carece de jurisdicción para tratar cualquier problema relativo a la administración de bienes, la que compromete al referido organismo de aplicación".
El 27 de septiembre de 1978, Videla, Ibérico Saint Jean, Podestá, Ernestina Herrera de Noble, Magnetto y Bartolomé Mitre inauguraron la planta de Papel Prensa. Todos juntos rubricaron lo que habían construidos en una mesa de torturas. Un saqueo presentado como un gran negocio por los diarios de la dictadura. Dueño de un cinismo inigualable, ese día Videla habló de libertad de expresión.
Los Graiver siguieron detenidos hasta los albores de la democracia. Recién el 30 de diciembre de 1981, ordenaron su liberación.
Los tres diarios siguieron adelante con la empresa de papel. Resistieron el informe del interventor, al Capitán de Navío Alberto Máximo D'Agostino, quien los acusó de "no haber cumplido con el contrato con el Estado, haber efectuado movimientos contables poco claros en la integración de $ 280.650.250 correspondientes a las acciones de David Graiver, no solucionar con la necesaria celeridad el problema accionario de la empresa negando de ese modo la posibilidad a terceros aportantes de normalizar su situación como accionistas".
También sortearon las acusaciones hechas en democracia. Esta vez, de Ricardo Molinas, a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Dijo Molinas: "la vida de Papel Prensa no por corta ha dejado de ser azarosa y plena de vicisitudes lo cual la ha convertido para la opinión pública en una etapa con nombre propio de la historia argentina reciente (...) Sin olvidar las constantes reclamaciones de los otros periódicos por presuntos privilegios conferidos a la empresa por el Estado Nacional, Papel Prensa ha sido motivo de duras y públicas polémicas y de intricados y, por momentos, abstrusos trámites judiciales y administrativos."
"El precio pagado por las acciones de Papel Prensa, fue objetado en el juicio sucesorio por el representante del Ministerio Público lo que motivó que diez años después de la venta no estuviese aún aprobada, quien tutelaba los intereses de la hija menor de David Graiver”.
"El resto de los periódicos individualmente o agrupados de las distintas entidades representativas como la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE), la Asociación de Prensa Técnica Argentina (APTA) sostenía públicamente que las medidas protectoras de la producción de Papel Prensa en especial las Aduaneras resultaban manifiestamente inconstitucionales por atentar contra la libertad de industria y comercio y la libertad de prensa y, además, creaban un monopolio papelero en manos de los tres diarios que constituían la competencia".
El 12 de abril de 1989 el juez Néstor Blondi resolvió declarar la causa "extinguida por prescripción de la acción (penal)". Y un año después, Jorge Pinzón, el fiscal que reemplazó a Molinas, ordeno chivar sin más trámite".
Mientras tanto, Juan y Eva Graiver, Lidia Brodskyy las secretarias Silvia y Lidia lograron que la justicia de la democracia los sobreseyera definitivamente. El Estado Nacional, con Raúl Alfonsín cabeza, firmó cuatro convenios para indemnizarlos. Precisamente en el primero de ellos les pagó a los Graiver por las acciones de Papel Prensa: "punto 10 de la cláusula 3 de acciones de Papel Prensa (Rafael Ianover): australes 1.861.474 en concepto de car 949.352 en concepto de intereses. Punto 11, acciones de Papel Prensa SA sucesión David Graiver 988.181 de capital y 503.972 en concepto de intereses".
Y se aclaró "que no tenían derecho al dinero depositado en consignación en la escribanía de Poggi, porque si no cobraban dos veces". Poggi fue el escribano que recibió el dinero de parte de los representantes de Clarín, La Nación y La Razón, sin que los Graiver pudieran cobrar Io que les correspondía a cambio de vender bajo presión las acciones de Papel Prensa. "Sólo cobramos una seña, el saldo no, porque estábamos desaparecidos cuando se cumplían las fechas de vencimiento para que nos pagaran", aseguró Isidoro.
En democracia, el fiscal que tuvo la causa Graiver en sus manos, fue Julio César Strassera, quien en lugar de investigar el robo, direccionó la causa hacia la relación de David con Montoneros.
El kirchnerismo tomó la historia de Papel Prensa y fruto de la derogación de obediencia debida y punto final, decidió impulsar la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que existieron en el proceso de compra de la empresa.
En agosto de 2010, el Gobierno giró toda la documentación en poder del Estado, para el inicio de una causa judicial, que fije la legalidad de aquella apropiación y proponer en el Parlamento, un proyecto de ley para que todos los diarios del país, tengan acceso al papel en iguales condiciones.

Un juez para terminar con la causa

En diciembre de 2016, Ercolini le puso la frutilla al postre, cuando dispuso el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz, en la causa por delitos de lesa humanidad, que formaba parte del robo de Papel Prensa. “No se ha probado una relación causal entre los gravísimos delitos declarados de lesa humanidad sufridos por los integrantes y allegados al Grupo y la venta de la empresa Papel Prensa S.A. En efecto, la hipótesis que ha motivado luego de más de cuatro décadas el inicio y la vigencia de una investigación sobre las circunstancias de adquisición de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A., fue la afirmación de la vinculación de los hechos de detenciones ilegales y tormentos sufridos por personas integrantes, familiares y allegados al Grupo Graiver con los titulares de FAPEL S.A.”, sentenció el magistrado.
Según la resolución, “puede afirmarse que no han logrado probarse las hipótesis de imputación. En efecto, no existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”.
Dijo el juez, que “no se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de PPSA el día 2 de noviembre de 1976 y los mencionados hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas. Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”.
Agrega que “no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa… Si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial que llevo a la transferencia de acciones de Papel Prensa S.A., fueron descartados en las consideraciones precedentes por inexistencia de pruebas que los sostengan -lo cual por sí es suficiente para rechazar las imputaciones-, debe abordarse también el resultado del estudio técnico de tasación realizado en autos, porque también se ha sostenido ha sido vil el precio de compra.”
Ercolini cerró su fundamentación, apuntando que “Corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido… En efecto, en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa S.A. por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL S.A., por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente. Ello porque ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver”.
En el marco de una investigación sobre el asesinato de seis militantes, el 22 de febrero de 1977, cuando el Ejército y la policía bonaerense utilizaron las boleterías de Racing, como paredón de fusilamiento; Micaela Polak entrevistó a Augusto Rodríguez Larreta (hermano del jefe de Gobierno porteño). Por entonces su padre, Horacio Rodríguez Larreta, era el presidente de Racing. El empresario asumió en diciembre de 1976 y renunció después del Mundial ‘78.
Larreta fue secuestrado en 1977, por el I Cuerpo del Ejército al mando del General Camps. Un grupo de tareas se lo llevó de su casa y estuvo tres días en el Pozo de Banfield. Reconoció por la voz de otro desaparecido, Jacobo Timerman, de quien era muy amigo.
El presidente de la Academia, trabajaba en una empresa petroquímica multinacional que compartía el edificio Olivetti con el grupo Graiver. Una ley ordenaba que el 50% de las empresas extranjeras, tenían que contar con socios nacionales y buscando tentarlo con la compra, Larreta se reunió en varias oportunidades con Graiver. Los militares creyeron que esos encuentros, estaban relacionados con Papel Prensa.
Larreta presenció sesiones de tortura a Lidia Papaleo, antes que el propio Camps le "pidera disculpas" y lo liberara antes de un partido con River. Su ausencia en la cancha, iba a ser demasiado notoria.

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