Cultura 2 de Mayo

Feria del Libro

PRESENTACION DE CULPABLES

Por La otra campana

Con la sala Carlos Gorostiza colmada, Gustavo Campana presentó su cuarto libro, CULPABLES: Proyecto de país vs. modelo de colonia (Editorial Colihue). Fueron parte del panel, todos los invitados a escribir el prólogo de cada capítulo: Martín Adorno, Juan Alonso, Fernando Borroni, Hernán Letcher, Félix Crous y Daniel Moreira. Sumó sus canciones, Gabriel Torres.

Fragmento del Capítulo III, EL PAIS NO ES UNA MESA DE DINERO: Diferencias entre timberos y economistas

El 28 de marzo de 2019, el Gobierno confirmó que la actividad económica empezó el año con la misma tendencia que registró en la mayor parte de 2018. En enero el PIB anotó una caída del 5,7% respecto de igual mes del año anterior, para completar así nueve meses consecutivos en baja.
Tres días después, un sondeo de Reuters indicó que la producción industrial cayó 9,8% en febrero y ese mismo día, la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad, confirmó que el índice de pobreza porteño trepó a 21,3% en el cuarto trimestre de 2018 (3,4 puntos más que en 2017): Larreta fabricó 113 mil pobres y 83 mil indigentes.
El 5 de abril, Mark Mobius, ex hombre fuerte del fondo Templeton y fundador de Mobius Capital Partners, planteó que “la situación es bastante grave”. ParaAlphaville, servicio diario de noticias para profesionales de los mercados financieros creado por Financial Times, Mobius aseguró que el gobierno de Macri “está bajo mucha presión y necesita obtener un fuerte respaldo político en la elección antes de que reconsideremos invertir”.
Resultados negativos de políticas aplicadas desde el 10 de diciembre de 2015, que exponen a variables desbocadas en todas las áreas de la economía. La libertad de la que gozó la voracidad del capital concentrado, generó entre otras cosas que el dólar cotizaba a 20 pesos en enero de 2018, en abril de 2019 coqueteó con 45. Que la inflación de 2016 fuera del 49,3%, al año siguiente 25% y en 2018 trepó a 47,6%. O que la muerte del mercado interno, provocó que 600 mil empresas pyme se batan a duelo con problemas financieros sin solución.
Aquello de “La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste” (Juan Domingo Perón), es una verdad que se agiganta con el paso del tiempo.
La suma de heridas que llevan en la piel los argentinos, convive con cuatro mojones que nunca desaparecen: la economía terrateniente combatiendo el nacimiento del país industrial (entre fines del siglo XIX y principios el XX); la creación del Banco Central de la República (fruto del padrinazgo de Inglaterra en la década del ‘30, como el gran ancla de la dependencia); la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz(con la que los bancos comenzaron a ser los nuevos dueños de la Argentina) y la Ley de Convertibilidad (hija de la tablita del Proceso, para terminar de destrozar culturalmente la relación del trabajador y la clase media con el peso).

EL HILO CONDUCTOR (Hernán Letcher)
A finales de 2015 (mi computadora denuncia que fue exactamente el 25 de diciembre de ese año), escribí un artículo junto con la Dra. Julia Strada analizando el impacto de las políticas que presumíamos, aplicaría en materia económica el gobierno de Cambiemos.
No nos gusta hacer futurología, pero conociendo los actores, habiendo vivido la campaña electoral de ese año y repasando las medidas implementadas o anunciadas a poco de andar, se podía percibir el rumbo elegido. Poco tengo que ver con los gurúes de la economía, aquellos que dicen lo que va a pasar modelizando variables. Ellos son más bien de corrientes ortodoxas, y anticipan lo que luego no sucede, aunque no suelen ser cuestionados por sus escasos resultados.
Es más bien el análisis de lo que sucedió a lo largo de la historia que me hace pensar que frente a mismos diagnósticos desacertados y la aplicación de las mismas recetas, se termina en los mismos resultados.
El artículo mencionado, que unos días después publicó Pagina 12 indicaba textualmente “El plan económico del gobierno de Mauricio Macri significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como ‘levantamiento del cepo’) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional. Aun con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esa comunidad reside en ‘ordenar’ la relación capital-trabajo en valores cercanos a una distribución del ingreso del 70/30. Es decir, condicionar a los trabajadores a quedarse con menos de un tercio de los ingresos nacionales”. Adicionalmente, se detallaban una serie de políticas implementadas o propuestas por Cambiemos en los primeros días de su gobierno, orientadas a generar una masa de excedente repartible entre el empresariado concentrado local y extranjero: “devaluación del 40%; eliminación de retenciones al agro y la industria; eliminación de ROE (cupos de exportación); aumento de tarifas; desregulación del negocio energético; propuesta de eliminación de contribuciones patronales para primer empleo; eliminación de obligaciones de informar precios y estructura de costos; fin de las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación); control inflacionario a través de apertura de la economía; propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central; liberalización de las tasas de interés; fin del déficit fiscal y recorte de gastos que compensen además la merma de ingresos mencionadas; endeudamiento externo; funcionarios ex gerentes de empresas designados para exigir y controlar al sector o grupo de empresas de donde provienen; condicionamiento a las paritarias y negativa al bono de fin de año; control y regulación de la protesta social”.
Lo interesante, tal como lo expresa Gustavo Campana en todos sus Prontuarios, es entender que ninguna de estas cuestiones sucede por primera vez, sino que -con actores más o menos relevantes- estas políticas encontraron impulsores en distintas etapas de la historia argentina. Por eso, a continuación quiero enumerar y analizar como las principales decisiones económicas actuales encuentran asidero en otras etapas de la historia argentina. Mi tarea y la de CEPA –Centro de Economía Política– fue desde el origen establecer el vínculo entre esta agenda y las decisiones de redistribución regresiva del ingreso que se aplicaron en otros momentos. Así entonces, la recurrente devaluación que erosiona los salarios, el ajuste fiscal para determinadas partidas pero no para otras, la destrucción del aparato productivo, el nombramiento de representantes de las principales empresas en el Gabinete, la reducción de contribuciones patronales junto con la reforma laboral y mecanismos de flexibilización, la reforma de la carta orgánica del BCRA, y el endeudamiento y fuga como mecanismo de transferencia de ingresos, es posible linkearlos con decisiones similares en la dictadura, en los ochenta y los noventa.
Las devaluaciones han sido el mecanismo casi natural de transferencia de ingresos a lo largo de la historia argentina. Al inicio de la dictadura, Martínez de Hoz decidió fijar salarios y liberar precios durante noventa días, lo que derivó en una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional de aproximadamente 18 puntos porcentuales, generando un nuevo punto de partida en la relación capital-trabajo (del 48,5% al 30,4%). Luego de ello, la Valorización Financiera tuvo un largo derrotero caracterizado por las disputas de las fracciones del capital que durante casi treinta años pelearon por la porción del ingreso apropiada a los trabajadores. En este contexto hay que entender la devaluación de diciembre de 2015, a la que deberíamos adosar lo sucedido en 2018, con una variación del tipo de cambio de 85%. Históricamente, aumentos en el precio de las tarifas han sabido acompañar esos procesos. La pérdida de poder adquisitivo en niveles superlativos es siempre la consecuencia inmediata.
El planteo recurrente de ajuste fiscal, luego de la implementación de políticas que desfinancian al Estado, recuerda sin dudas a la política de gastos fiscales y cuasifiscales de la década del ochenta: promoción industrial y el reembolso a las exportaciones, desgravaciones de derechos de importación a ciertas actividades, la asunción de los pasivos de empresas quebradas, el apoyo de actividades muy específicas (siderurgia, petroquímica…), subsidios a los precios de venta o compra de bienes al Estado o del Estado, régimen de Seguros de Cambio (´81), estatización de la deuda (´82), capitalización y cancelación anticipada (en el gobierno democrático), entre otros. La casi eliminación del Impuesto a los Bienes Personales (que redujo su alícuota de 1,25% -en el escalón más alto de patrimonio- a 0,25%), la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades y la eliminación de los Derechos de Exportación –que se repusieron recientemente en valores fijos en pesos, luego de una devaluación de 85% y en niveles sensiblemente menores a los de finales de 2015- son la versión actual de las políticas mencionadas y rememoran la “necesidad de ajuste” a las partidas del gasto público, luego de quitarle ingentes recursos al Estado.
En el mismo sentido se puede mencionar la reducción de aportes patronales para fomentar el empleo, que remite a la reforma laboral de los noventa. Esa política desfinanció el Estado, no generó empleo ni reactivo la economía y consolidó un negocio fenomenal consistente en financiar el déficit publico autogenerado por los recursos dejados de percibir (la reducción de aportes y la implementación del sistema de AFJP para el período 1994-2000 significaron 29.960 millones de pesos usufructuados por el sistema previsional privado, y 22.372 millones por la reducción de aportes). En la actualidad, se comenzó a aplicar la ley que reduce – a través de un mínimo no imponible – las contribuciones patronales. El camino del desfinanciamiento ha derivado en la discontinuación de la movilidad jubilatoria, inventaron la Pensión Universal para Adultos Mayores (que se encuentra por debajo de la línea de pobreza) y modificaron la actualización jubilatoria, proceso que tiene su estación final en la privatización del sistema previsional.
La destrucción del aparato productivo ha sido una constante en la dictadura, en los noventa y hoy. En la actualidad se computa la destrucción de 30 pymes por día en el marco de un brutal desmantelamiento del entramado industrial derivado de premiar la especulación financiera. El impacto sobre el mercado de trabajo ha sido sensible: a principios de 2019 se estima la pérdida de 260 mil puestos de trabajo y un aumento de 2 puntos porcentuales en la tasa de desocupación sólo a lo largo de 2018.
Adicionalmente, la tan mentada reforma laboral propuesta por Cambiemos tiene sus antecedentes en la quita de derechos laborales y las modificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo durante la dictadura y en los procesos de flexibilización laboral de la década de los noventa. En el primer caso, el asesinato en 1977 del autor de dicha ley, Norberto Centeno llevado adelante por los militares, se constituyó como paradigma simbólico del objetivo antilaboral de la dictadura.
La mencionada participación de CEOS o gerentes en cargos de alta relevancia en la gestión gubernamental encuentra similitudes con el Gabinete de la dictadura cívico militar: si en el Gabinete de Macri se podían encontrar al inicio de su gobierno a Buryaile (Ministro Agricultura - CRA), L. Sarquis (Ministro Asuntos Agrarios Bs As - Ex Monsanto), J. J. Aranguren (Ministro de Energía - ex Shell), J. Sureda (Secretario de Combustible - PAN ENERGY), J. Garade (titular del ENRE - ex Edesur y Edenor), A. Prat Gay (Ministro Hacienda – ex JP Morgan),I. Pérez Riba (jefe de gabinete de Ministerio de Producción - hijo de D. Santisteban titular Cámara Importadores), L. Caputo (Secretario de Finanzas- Deutche Bank)C. Blaquier (a cargo del FGS – Ledesma), J. Grecco (Secretario de Comunicación Pública- ex editor del Grupo Clarín), C. Rosenkrantz (abogado Grupo Clarín - Corte Suprema), F. Cabrera (Ministro de Desarrollo Productivo – ex HSBC), L. Caputo (Secretario de Finanzas, ex Deutsche Bank), María Eugenia Talerico (vicepresidenta UIF - ex abogada HSBC en lavado activos) hasta los actuales Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y Gustavo Cañonero, todos provenientes del FMI, en el gabinete de la dictadura sobresalían J. Martínez de Hoz (Ministro de Economía, proveniente de Acindar, Robert y Branch), P. Terán Nougues (vice del BCRA, de Garovaglio y Zorraquin), A. de Achaval (Director del Banco Nación, también de Garovaglio y Zorraquin), F. Soldati (Director del BCRA, del Grupo Soldati), E. Oxenford y J. Gamboa (Director de YPF y Vicepresidente del Banade respectivamente, del Grupo Roberts), M. Braun Lasala (Subsecretario de Cuestiones Institucionales, del Grupo Braun Menéndez), G. Meoli y A. Plunkett (Administrador y Gerente General de Gas del Estado, ambos de Astra), F. PucaProta (Secretario de Minería, proveniente de National Lead), J. Nicholson (subsecretario de programación, del Grupo Ledesma), R. Podesta (Subsecretario de Promoción Industrial, de Firpo), E. Ianetta (Presidente del Banade, del Banco Federal Argentino), G. Klein (Secretario de Programación Económica, de Shaw y Renault), G. Brunella (Secretario de Energía, de Renault y Ericsson) y C. Etchevarrigaray (Vicepresidente del Banco Nación, proveniente de Camea).
La ingeniería financiera que acompañó la dictadura se inició en 1977, con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que condicionó al Banco Central en la fijación de la tasa de interés de los bancos. Continuó en 1992, cuando Cavallo reformó la Carta Orgánica del BCRA, y profundizó de ese modo el esquema de valorización financiera nacido bajo la dictadura, reduciendo las funciones de la institución a la preservación del valor de la moneda, sosteniendo la paridad 1 a 1 con el dólar, y obligando a rematar empresas públicas y contraer deuda externa para garantizar el nivel de reservas necesario para el peso convertible. Se consolidó así un tipo de banca central con independencia (pretendidamente “técnica”) de los poderes políticos, aunque directamente involucrada con los intereses financieros. La liberalización de la tasa de interés, con el ya famoso carrytrade cotidiano, y la reciente propuesta de modificación de la Carta Orgánica del BCRA remite indefectiblemente a dichas reformas, favoreciendo a unos pocos y condenando la industria y la producción.
El endeudamiento externo rememora, sin lugar a dudas, a la estatización de la deuda desde 1982 y al crecimiento exponencial de la acreencias durante la década de los noventa, que finalizan con el blindaje y megacanje. Peor aún, la deuda se incremento en aquel momento y en la actualidad en niveles similares a la fuga. Es decir, el proceso de endeudamiento-valorización-fuga fue característico en distintas etapas de la historia argentina. La convocatoria al FMI para “ayudar” a la Argentina tuvo como objetivo garantizar dicho proceso. Desde luego, ese rol del FMI y su tarea de condicionar la política económica tampoco en nueva para nuestro país.
Aquel artículo, mencionado al inicio, finalizaba con un interrogante. Decía “habiéndose establecido la principal quita de excedente, no está saldado su modo de reparto en el bloque hegemónico. Dada la representación corporativa de Prat Gay respecto a la banca internacional (JP Morgan), del anunciado endeudamiento y de la suba de tasas locales: ¿significa esta nueva etapa económica la puesta en práctica de la especulación propia de la Valorización Financiera? O considerando la representación de entidades agrarias de grandes terratenientes con Buryaile al frente de Agricultura, y del empresariado cerealero con Monsanto en la homónima cartera provincial, ¿se trata de un modelo de crecimiento con base agroexportadora pero sin distribución? Finalmente, a raíz de los acercamientos al Grupo Techint, la eliminación de exportaciones industriales y la entrega de la Sec. De Empleo a un ex Gerente de la empresa, ¿ocupará la oligarquía diversificada un rol periférico en el nuevo bloque dominante o será un actor central?”.
Esos interrogantes se mantienen vigentes en la actualidad. Si bien el agro se ha beneficiado sensiblemente con las devaluaciones y la quita de retenciones (incluso mantuvo diferenciales con la reposición de las mismas) demandan para mejorar su situación. El sector financiero, particularmente beneficiado, tensiona para mejorar su rentabilidad y la tasa de interés en particular. Pero lo más llamativo es hoy la relación con la industria oligopólica. La alianza con los grandes industriales y Macri, que se inició con disputas cuando a finales de 2015, en la conferencia de la UIA, el Ministro de Producción, Francisco Cabrera anunció la quita de retenciones al agro y de inmediato Betnaza, del Grupo Techint, inquirió: “Bueno, ¿y para nosotros cuándo?”, lo que derivó en que pocos días después se anunció la quita de retenciones a las exportaciones industriales, se rompió en 2018. Ese año ha sido particularmente difícil para las grandes empresas industriales, porque la devaluación impacto de lleno en el resultado financiero de las principales empresas, lo que ha generado una ruptura en el bloque del capital. Esta ruptura tampoco en nueva: la crisis de 1989 y 2001 los tuvo como actores centrales del conflicto y la resolución.
El hilo conductor se detiene también en el ataque recurrente a todas las políticas, gobiernos y dirigentes populares que recorrieron el camino inverso al de las políticas enunciadas, uniendo por causalidad y no casualidad los hechos de la historia argentina. El fenomenal ataque a CFK en la actualidad es expresión fidedigna de esta cuestión.
Por eso, el principal aporte de este libro es recorrer el camino inverso al de la hegemonía dominante. Si, como planteó Rodolfo Walsh , el sector dominante ha intentado siempre aplicar políticas en su beneficio pero a la vez, ocultar responsabilidades y lograr romper la conciencia de clase, esto libro logra lo contrario: recomponer la experiencia colectiva, recuperar héroes y mártires, y revalorizar nuestra historia de lucha.

NI UN SOLO NUMERO POSITIVO: Después de falsear el significado real de los números 2017, al año siguiente la contundencia del desastre obligó al oficialismo a confesar una vez más que no había Plan B. El macrismo impuso un cambio radical de partituras, cuando abandonó el modelo de país 2003-2015 y desempolvó el viejo proyecto de colonia, a través de la adaptación Martínez de Hoz-Cavallo.

El 28 de marzo de 2019, el Indec confirmó la pobreza récord de la era Macri: 32%. La crisis económica produjo un aumento del 5%, en el segundo semestre 2018 y alcanzó a 8.926.592 de personas que no pueden cubrir los gastos de la canasta básica total. Un 4,8% de hogares indigentes, que incluyeron el 6,7% de las personas y en comparación al segundo semestre de 2017, Cambiemos generó 1.846.828 de nuevos pobres.
En términos interanuales, el indicador aumentó 6,3%. Desde la primera medición, en el segundo trimestre de 2016, la cifra fue la más alta desde la asunción de Macri.
El 46,8% de las personas entre 0 y 14 años es pobre. En términos interanuales, la proporción sobre esta franja etaria aumentó 7,1%, ya que en el segundo semestre de 2017 alcanzaba al 39,7% de esa porción de la población. En el otro extremo, la pobreza del grupo social que tiene 65 años o más trepó del 6,3% al 9,0%, desde una perspectiva que compara el segundo semestre de 2017 con el de 2018.

Del papel activo del Estado, a un Estado en retirada. Sus decisiones políticas, siempre implicaron pocos ganadores y muchos perdedores. Dejó de recaudar impuestos progresivos, disminuyó subsidios a los servicios públicos, eliminó programas sociales y como siempre la teoría del derrame brilló por su ausencia.

El 30 agosto de 2018, el dólar subió un 24%. Ese jueves el verde llegó a venderse por encima de los 40 pesos y cerró 39,6. Después de la devaluación provocada por la salida del cepo, esta fue la más importante en casi tres años; cuando el 17 de diciembre de 2015 el oficial pasó de 9,8 a 13,8 y registró un aumento del 40% en un sólo día. Aquella del ’18, fue la segunda devaluación diaria más importante de los últimos 16 años.
El 25 de marzo de 2002, la cotización del dólar aumentó un 24,8% y pasó de $2,57 a 3,21 pesos.
Durante 2018 los dólares del FMI, se utilizaron para desarmar la timba financiera que protagonizaron las Lebacs. Al año siguiente, la nueva jugada organizada desde el Gobierno para que un pueblo entero subsidie a sus amigos, fueron las Leliq. Para terminar con esta locura, también se usaron los verdes del Fondo.

Cuando en 2018 maduraron las medidas, la cosecha fue amarga; un plan tan venenoso como el de Martínez de Hoz o sumamente tóxico como Cavallo, basado en importaciones, deuda externa, suba de tasas, tarifazos, caída del salario real, descenso del consumo, concentración de la riqueza y fuga de capitales.

El sueldo medio del trabajador registrado acumuló en 2018, una pérdida con piso de 10 puntos y techo cercano a 20, según la actividad. La jubilación mínima y la AUH, aumentaron 28,8%, contra una inflación del 47,6%.
La baja del salario real, tuvo una primera etapa de ajuste en el primer semestre de 2016; se amesetó entre mediados de 2016 y las elecciones de octubre del ‘17 y volvió a acelerar en noviembre de 2017.

La inflación fue la gran pregunta sin respuesta, para los fundamentalistas del mercado. En la recta final del mandato 2015-2019, la variación de los precios minoristas de 2018 fue la más elevada en 27 años: 47,6% la mayor desde 1991, año que arrastraba el alza de precios de la hiperinflación del ‘89/90.
La primera previsión inflacionaria de Cambiemos para 2018, fue del 10%. En ese momento mandaba Federico Sturzenegger, como presidente del Banco Central. Poco después le rodearon la manzana con Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo; en una conferencia de prensa que destapó la interna. El discípulo de Cavallo fue desautorizando y en esa oportunidad (diciembre 2017), el Gobierno habló por última vez: 15%, corrigiendo a la primera hipótesis. El error superó los 30 puntos.
Los rubros más sensibles aumentaron más que la inflación general (transporte público 66,8% y alimentos y bebidas no alcohólicas 51,2%), marcando el terrible impacto del costo de vida sobre los sectores que con neoliberalismo en la Rosada, siempre pierden en la distribución del ingreso.
En ese lapso, el oficialismo apaleó constantemente a la industria nacional y asfixió al mercado interno y mientras se consumaba el industricidio (nunca tanta destrucción, en tan poco tiempo), el único sobreviviente fue nuevamente la timba financiera.

En los primeros 10 meses de 2017, la utilización de la capacidad instalada de la industria se redujo en 1,5%, una tasa de ociosidad de 4 cada 10 máquinas. Diciembre 2018. Los números de la actividad fabril arrojaron una reducción del orden del 13,3%. El rubro textil bajó en noviembre un 32,2%.

Gustavo Cirelli, Hernán Letcher y Daniel Moreira

Martín Adorno, Juan Alonso y Fernando Borroni

Félix Crous y Gabriel Torres

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