Salteños huyen de Río Negro y denuncian explotación laboral

Estaban en el mismo campo donde trabajó el tartagalense Daniel Solano antes de desaparecer, en 2011.

  • 8 de Febrero
  • Argentina
Por El Tribuno

Luego de subsistir tres días solo a mate cocido y algún que otro pedazo de pan, ayer al mediodía Ángel Inocencio Palma se subió rengueando al colectivo que lo llevaría desde la ciudad rionegrina de Lamarque rumbo a Tartagal. Sentimientos de bronca, humillación y angustia se le mezclaron al relatar que vivió un mes "de terror" junto a su hijo en los campos de manzanas y peras de la empresa Expofrut, al sur del país.

"Nunca antes habíamos sufrido hambre papá", le había dicho el martes su hijo de 18 años a "don Palma", como conocen al tartagalense de 56 años.

El hombre denunció a El Tribuno situaciones de explotación laboral y engaños por parte de quienes los contrataron.

Con ellos se volvieron hacia sus casas otros 40 salteños, santiagueños, tucumanos y jujeños, quienes informaron que decidieron romper el contrato de tres meses con Expofrut por las precarias condiciones de trabajo y la paga que recibieron, que no era la que les habían prometido.

Palma contó que le dijeron que cobrarían como mínimo $10.000 mensuales, pero nunca le aclararon que debía hacerse cargo de la comida. Con exiguos "adelantos" que le fueron dando tuvo que arreglárselas, pero pasó días de hambre. "Fuimos a gastar ropa nomás", lamentó Ángel. También contó que se golpeó la pierna cosechando y que nunca lo curaron.

La denuncia de Palma se sumará a una de las 25 causas conexas que se abrieron en el Juzgado Federal de General Roca (Río Negro) por la desaparición del salteño Daniel Solano, a quien se lo vio por última vez el 5 de noviembre de 2011 en un boliche de Choele Choel.

El joven de 27 años, oriundo de la comunidad guaraní de Cherenta, Tartagal, había vivido un mes en el mismo complejo de gamelas (galpones con piezas) de Lamarque donde Palma y su hijo estuvieron hasta ayer.

Solano también había denunciado condiciones de explotación en las cosechas de la Patagonia y estaba organizando una protesta, que nunca llegó a hacerse. Había sido contratado por la empresa Agrocosecha, una subsidiaria de Expofrut, que captaba mano de obra en comunidades indígenas del norte salteño. La firma luego quebró y le siguieron otras dos compañías accesorias que hacían la misma tarea y, de igual manera, fueron disueltas.

El 20 de febrero se iniciará un juicio en Río Negro contra siete policías de esa ciudad, acusados por la supuesta desaparición forzada de Daniel Solano. Se les imputa haberlo secuestrado a la salida del boliche.

Uno de los abogados de la querella, Sergio Heredia, recordó a este diario que las denuncias de trabajo esclavo en la zona que hicieron Daniel Solano y Ángel Palma no son las únicas.

Cada año se repiten los reclamos de obreros por los mismo motivos. Además, hay otras muertes y desapariciones de cosecheros salteños que generaron sospechas, denuncias e investigaciones en la Justicia.

El abogado señaló el caso de Roque Peradillo, quien tenía 35 años y era oriundo de Tartagal. El joven murió ahogado el 29 de enero del año pasado en un río al que había ido a higienizarse porque no tenía cómo bañarse en una de las precarias gamelas donde estaba alojado.

Mencionó, además, a Héctor Villagrán, de Jujuy, desaparecido un mes después de lo ocurrido con Solano, de quien era compañero.

En la compañía denunciada, destacó el abogado, se desempeñó como directivo el ahora embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.

"Lo de Palma va a servir de antecedente para las causas penales por trata de personas que le vamos a hacer a Expofrut", adelantó Heredia.

Sigue la búsqueda

Las excavaciones y extracción de material para hallar restos de Daniel Solano continúan en el jagüel (un pozo de agua) de 80 metros que fue señalado por dos testigos de identidad reservada como el lugar donde tiraron su cuerpo. Las tareas se realizan desde hace 15 días en una estancia ubicada a 25 kilómetros de Choele Choel.

Hasta ahora no hay rastros del salteño, pero la operación, que es financiada por la querella de la causa por desaparición, ya arrojó una prueba fundamental: se acreditó que el pozo fue adulterado luego de que se denunció que allí podría estar el cuerpo.

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