Política 19 de Marzo

San Luis

PIDEN PERPETUA PARA EX JUEZ

Por Lucho Soria

Justicia de la dictadura. En las causas de San Luis, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, San Juan, entre otras, se comprueba su rol en la dictadura militar. Un gesto de complicidad que se inicio con la Masacre de Capilla del Rosario, el 11 de agosto de 1974, cuando los combatientes del PRT-ERP tras el fracaso del copamiento de un cuartel denunciaron los fusilamientos y torturas de los detenidos y los jueces lo ignoraron.

En el tramo final del juicio en San Luis, tanto la querella como el MPF, solicitaron las máximas penas para los imputados. Durante dos audiencias abogado de la APDH San Luis fundamentó las acusaciones contra los tres imputados en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla desde el 19 de octubre pasado. Entre sus fundamentos el abogado querellante, Norberto Foresti (foto) sostuvo ante el Tribunal que en San Luis “no hubo una guerra sino que se llevó a cabo una cacería que terminó con compañeros encarcelados, desaparecidos y asesinados en toda la Provincia” y remarcó que “los juicios de lesa humanidad son fuente de la memoria, para que ele registren los hechos de la historia”

Puntualmente sobre la situación del imputado Eduardo Francisco Allende, juez federal durante la dictadura, Foresti dijo que “su responsabilidad funcional es indudable” y agregó que “los integrantes de la Justicia Federal de San Luis en cada uno de los casos en que tuvieron que participar y por los que fueron traídos a este juicio lo hicieron en ese sentido. No es que no supieran lo que estaba sucediendo”. En este momento del alegato, el querellante comparó la actuación de la Justicia de San Luis con lo ocurrido en lo que se conoce como la Masacre de Trelew y desarrolló la actitud y el accionar del juez Quiroga en esos hechos, “dado que supo de mano propia lo que estaba pasando un día antes de la matanza y no hizo nada para evitarla”, precisó y demando prisión perpetua

Para Allende, ex juez federal, el fiscal Cristian Rachid pena perpetua, “por su cooperación en una serie de delitos” entre ellas de cesar las detenciones ilegales, ignorar las torturas de los detenidos, y por no investigar las desapariciones y homicidios que estuvieron en su conocimiento. “Todo ello en base a un acuerdo tácito previo”, para los grupos de tareas que funcionaban en el seno de la Delegación local de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de San Luis, del Ejército (GADA 141) y de la Fuerza Aérea (V Brigada Aerea), argumentó el fiscal, entre otras acusaciones para reclamar al Tribunal prisión perpetua para Allende.

En el juicio también estaba imputado a Hipólito Saa, ex fiscal que quedo excluido al inicio como se informó por esta agencia, por presunta incapacidad mental. La fiscalía apeló el fallo del tribunal y aún se aguarda la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. En este juicio a los otros dos imputados también se reclamó severas penas.

En Chaco, después de años de idas y vueltas, y de apelar todas las instancias previas de dilación, deberá sentarse en el banquillo de los acusados el 6 de mayo el ex fiscal Domingo Mazzoni, a quien se le imputa cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la causa figuraba imputado el ex juez federal Luis Córdoba, pero falleció al igual que el ex secretario Flores Leyes. Todos ellos señalados como el “sostén judicial” del dispositivo de terrorismo estatal que completaron los agentes policiales y militares en la región.

Santiago del Estero. Tras la lectura del veredicto los jueces Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming se retiraron con custodia de la Gendarmeria por una puerta lateral hace dos años atras.

¿La razón? La indignación y la broca de la militancia de los dh y familiares por la absolución de Santiago Olmedo de Arzuaga, quien tuvo una probada responsabilidad civil como miembro de la justicia.

Pedro Orieta, querellante en la causa ventilada hace dos años, por la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia dijo sobre la absolución, “porque hubo elementos durante el debate que prueban la responsabilidad penal de este funcionario”. Una absolución que fue apelada y sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal debe definir. Precisamente el 17 de abril se fijo una audiencia para que las partes esgriman sus posiciones a favor o en contra.

Formosa, los ex jueces provinciales Bernardo Montoya, Sergio Martínez y Jorge Vazquez Rey, imputados por su complicidad con la represión, gozan de impunidad porque los jueces se inhiben para integran el tribunal y por ahora la causa sigue paralizada. En su requerimiento, el fiscal Ferrini señaló que “las privaciones de libertad, los tormentos y las desapariciones forzadas de los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Formosa fue corroborada en la causa ‘Camicha’ y reeditada en ‘Domato’ en donde se pudo determinar que los declarantes fueron privados de su libertad y torturados a causa de su participación en actividades gremiales vinculadas a su empleo en el Poder Judicial, todo lo cual no podría ser ignorado por las máximas autoridades de esa magistratura”.

San Juan, quien esta pendiente de su juzgamiento es el ex fiscal federal Carlos Yannello, por no haber, al igual, que sus pares citados en esta crónica, por no cumplir con su deber al no denunciar ni promover investigaciones sobre las torturas y desapariciones de detenidos y de ser partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación de las víctimas, según consta en el expediente.

El muro de la impunidad montado por ellos y sus cómplices llegan a su fin, como antes en los juicios en Mendoza, Córdoba y Tucumán a ex jueces y ex fiscales por su complicidad con la represión en la dictadura.

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