Política 30 de Marzo

Soberanía Nacional

NUEVA TRAICION

Por Pablo Andrés Vassel

Luego de dos años de investigaciones de campo en la provincia de Corrientes, con entrevistas a los ex Soldados Combatientes de Malvinas e investigación histórica y documental, denuncie en el Juzgado Federal de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur los crímenes cometidos contra ellos por sus propios jefes. A mi criterio siempre se trataron crímenes de Lesa Humanidad porque los mismos no diferían de los que las propias Fuerzas Armadas infringían al resto de los argentinos, en territorio continental, entre otros argumentos. Si bien la causa fue conocida como las torturas a los soldados, allí también denuncié la muerte de soldados correntinos por hambre y el homicidio que un cabo cometió al resolver una pelea con sus soldados con un disparo en la cabeza, en un contexto imposible de ser vinculado con un error bélico. Para el fiscal que tomo el caso se trataba de homicidio, abandono de personas seguida de muerte, torturas, vejámenes, lesiones graves, coacción y amenazas.
El Juzgado Federal de Corrientes estaba ubicado a 200 metros de mi oficina de subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia y resultaba muy tentador para mí, poder plantear la causa allí. Me resultaría muy fácil y cómodo seguir todas las instancias judiciales. O podía haber elegido los Tribunales de Federales de la ciudad de Buenos Aires, que como todos los provincianos sabemos, es en esa ciudad donde atiende Dios y por intermedio de un sistema de medios muy concentrado en la Capital Federal, las cosas ocurren sólo cuando los medios porteños lo cubren. Pero preferí plantear el caso en Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de esa provincia y a mí me parecía que es un acto de reivindicación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el espacio marítimo circundante, que un juez, una jueza en ese caso, la Dra. Lilian Herraez de extraordinaria actuación, aplicara la ley argentina, por hechos sucedidos en la Argentina (aunque desde 1833 y hasta nuestros días es territorio colonialmente usurpado) cometidos contra ciudadanos argentinos, ocasionalmente soldados por encontrarse cumpliendo el servicio militar obligatorio, vigente por aquellos días.
Así fue interpretado por ese Juzgado y por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Desde aquella fecha hasta hoy, la causa siguió distintos avatares judiciales; incluso, pasó por la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy, además, el caso se encuentra radicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, donde fue llevado por los querellantes: el Centro de Ex Soldados Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (Cecim) de notorio compromiso con los Derechos Humanos y sus dos militantes y destacados abogados que asisten a las victimas Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso.
En diciembre del año pasado, el juez Federico Calvete decidió convocar a prestar declaración indagatoria por aquellos crímenes y por decenas de otros hechos que se fueron agregando a mi presentación inicial, a 18 imputados que fueron señalados por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad y el fiscal Marcelo Rapaport como responsables de algunos de los centenares de hechos en investigación. El caso es que el abogado de uno de ellos, Ramón Eduardo Caro precisamente, esgrimió como argumento de “Incompetencia. Se plantea vulneración de la Garantía del Juez Natural” y que “…los hechos investigados habrían ocurrido entre los meses de abril a junio de 1982, en las Islas Malvinas por lo cual el juzgado mencionado no tiene jurisdicción, ni competencia para intervenir en la investigación de los presuntos delitos denunciados, dado que la República Argentina no tiene lamentablemente soberanía sobre el territorio malvinense”.
Realmente resulta increíble la audacia defensiva del letrado y además de imaginar que está queriendo litigar en Londres, nos pone relieve una vez más el perfil de Fuerzas Armadas educadas en la Doctrina de Seguridad Nacional y pensadas y preparadas para actuar más como fuerza de ocupación de su propio pueblo, que resguardar o defender la Soberanía Nacional.
“La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importe nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje”. San Martín se revuelca de indignación en su tumba ante estos militares alejados de toda idea de Soberanía y Dignidad Nacional.

Fuente: El Litoral

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